El PSOE y Podemos están cada día un paso más cerca de los juzgados por la promoción y celebración de las manifestaciones del 8M. Tras la difusión de un vídeo donde se puede escuchar a las ministras socialistas y comunistas gritar «¡Qué no se besa, qué no se besa!», Rosa Díez ha afirmado que en la grabación “puede haber responsabilidad penal”. En este sentido, sí encuentra evidencias de que conocían el riesgo de propagación del COVID-19 en la marcha, pese a sus desmentidos ante la prensa.
«Si sabían, ocultaron y lo permitieron hay una responsabilidad que llega a lo penal. Además de ser de una inhumanidad brutal. Esta gente incompetente y falta de humanidad es la que gobierna España», ha dicho la exdiputada tras reconocer que al principio pensó que el vídeo era un fake.
«Tenemos al frente del Gobierno a una pareja tóxica e infecta (en referencia a Sánchez e Iglesias). Uno de los dos dijo que su objetivo era derrocar el sistema del 78, el sistema de libertades que tenemos los españoles. Sánchez, a su vez, está más preocupado en dar dinero a sus amigos mientras que la iniciativa privada es la que da dinero para resolver los problemas de los enfermos y los sanitarios», recordó.
A pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez siempre ha negado su responsabilidad en la promoción y convocatoria de la manifestación feminista, existe una demanda en contra del presidente socialista en el Tribunal Supremo (a la que se sumarán 7.000 españoles) y se está a las puertas de un estudio científico independiente que podrá demostrar cuál fue el impacto real del 8M en la propagación del COVID-19 en España.
Un estudio clave
El Grupo Parlamentario Popular instó al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a encargar a un comité científico independiente para la realización de un estudio que analice la posible relación entre las grandes concentraciones de personas que generaron las manifestaciones del Día de la Mujer, el domingo 8 de marzo, y el aumento de los contagios por coronavirus en los días posteriores a esas celebraciones masivas.
La proposición no de ley (PNL), firmada por la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, reclama un estudio científico «que permita discernir el impacto real del retraso en las decisiones gubernamentales de confinamiento hasta después del 8-M como elemento relevante a la hora de evaluar el impacto de la pandemia en España». Unos datos que podrán dotar de validez científica la irresponsabilidad de socialistas y comunistas de promover una manifestación multitudinaria a sabiendas del riesgo que conllevaba para la salud pública.
En la PNL, Cayetana Álvarez de Toledo recuerda que «el 31 de enero la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote infeccioso era una emergencia de salud pública de importancia internacional”, así como que el 11 de febrero, su presidente lo consideró ya como «el enemigo público número uno del mundo». A pesar de que también se tenían los datos de lo que ocurría en Italia y en China, el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, justificó la celebración de las manifestaciones del 8-M con el argumento de que «el cambio de la situación se produjo el domingo al anochecer».
Demanda en curso
El estudio científico podrá también utilizarse en la demanda en contra de Pedro Sánchez por prevaricación administrativa por omisión que ha sido registrada en el Tribunal Supremo y a la que está previsto que se adhieran más de 7.000 españoles que se han sentido, de alguna manera, afectados por la gestión del gobierno del PSOE y Podemos de la crisis sanitaria del coronavirus.
Víctor Valladares adelanta a este medio que, para canalizar el volumen de los ciudadanos que quieren participar en la causa legal, “se está creando una asociación que ya cuenta con los estatutos redactados, a la espera de poder formalizarla en los próximos días”.
La demanda, que inicialmente también acusaba de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 8M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid.
Sin embargo, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, debido a que se trata de la institución correspondiente, ya que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.
