Las redes sociales han explotado contra el socialista y exigen que los responsables paguen

El astronauta Pedro Duque se lava las manos: espera que todos los españoles asuman como propios los errores del Gobierno

El ministro de Ciencia e Innovación busca en la culpa general una fórmula para librar al PSOE y Podemos de su responsabilidad

El astronauta Pedro Duque se lava las manos: espera que todos los españoles asuman como propios los errores del Gobierno
El astronauta Pedro Duque y Salvador Illa PD

El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están tocando todas las puertas para evitar tener que pagar por los errores e improvisaciones cometidas durante la gestión de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Una de las últimas apuestas ha sido la liderada por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien busca en la culpa colectiva, la salvación de los responsables.

En una entrevista con el diario Expansión, el astronauta afirmó que “los países debemos encarar con humildad que no supimos prepararnos».

Sin embargo, el ministro pasa por alto dos ‘detallitos’: los que fallaron en la preparación y activación de medidas eficientes fue el Gobierno (no los ciudadanos, ni los empresarios, ni la ‘derecha’) y que el PSOE y Podemos han sido tan nefastos en su gestión que han situado a España como el país con más muertes por cada 100.000 habitantes.

Lejos de caer en la técnica del ‘mal de muchos, consuelo de tontos’, los españoles esperan que la justicia investigue a los responsables del gobierno. No solo por tomar medidas de forma tardía e improvisadas, sino por convocar a grandes manifestaciones como el 8-M, ocultar información a la población y conocer cuáles son esos negocios tan millonarios como opacos que están realizando con proveedores que destacan por traer material sin las licencias o defectuosos.

Rosa Diez es una de las voces que se han alzado en las redes sociales contra el ministro del PSOE. “Pedro Duque dice que los países debemos encarar con humildad que no supimos prepararnos. No, Ministro; `los países’, no: los gobiernos. Y no todos los gobiernos erraron por igual. El de España bate récords de muerte e incompetencia. Baje a tierra, hombre”.

Otros ‘disparates espaciales’

Con el dolor de los españoles aún vivo por no poder despedir a sus familiares, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, fue el encargado por los socialistas y comunistas para restar importancia al volumen de fallecidos por el COVID-19. “España es uno de los países del mundo con la esperanza de vida más alta. Gente que en otros países, con sus dolencias y su edad, ya hubieran fallecido hace tiempo, en España estaban viviendo una vida plena por la eficiencia de la sanidad española y esa gente es, desgraciadamente, a los que más afecta esta epidemia”, afirmó el pasado 3 de abril.

Esta controvertida respuesta se ha producido tras haber sido preguntado por la situación de España en comparación con otros países. Asegura que no es sensato establecer comparaciones porque «no estamos seguros de que en todos los países se contabilicen los datos de la misma manera».

El mensaje ha generado una gran indignación entre los españoles, quienes critican que el mensaje no solo está lejos de empatizar con las familias afectadas, sino que resulta casi una burla hacia los ancianos. Incluso, sus palabras han sido aprovechadas para demostrar las incongruencias del discurso del PSOE y Podemos, quienes inicialmente atribuían que el elevado número de fallecidos era por los ‘recortes’ del PP, mientras que ahora indican que España contaba con una sanidad que alargaba la vida más de lo previsto.

Investigación independiente

El Grupo Parlamentario Popular instó al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a encargar a un comité científico independiente para la realización de un estudio que analice la posible relación entre las grandes concentraciones de personas que generaron las manifestaciones del Día de la Mujer, el domingo 8 de marzo, y el aumento de los contagios por coronavirus en los días posteriores a esas celebraciones masivas.

La proposición no de ley (PNL), firmada por la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, reclama un estudio científico «que permita discernir el impacto real del retraso en las decisiones gubernamentales de confinamiento hasta después del 8-M como elemento relevante a la hora de evaluar el impacto de la pandemia en España». Unos datos que podrán dotar de validez científica la irresponsabilidad de socialistas y comunistas de promover una manifestación multitudinaria a sabiendas del riesgo que conllevaba para la salud pública.

En la PNL, Cayetana Álvarez de Toledo recuerda que «el 31 de enero la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote infeccioso era una emergencia de salud pública de importancia internacional”, así como que el 11 de febrero, su presidente lo consideró ya como «el enemigo público número uno del mundo». A pesar de que también se tenían los datos de lo que ocurría en Italia y en China, el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, justificó la celebración de las manifestaciones del 8-M con el argumento de que «el cambio de la situación se produjo el domingo al anochecer».

Demanda en curso

El estudio científico podrá también utilizarse en la demanda en contra de Pedro Sánchez por prevaricación administrativa por omisión que ha sido registrada en el Tribunal Supremo y a la que está previsto que se adhieran más de 7.000 españoles que se han sentido, de alguna manera, afectados por la gestión del gobierno del PSOE y Podemos de la crisis sanitaria del coronavirus.

Víctor Valladares adelanta a este medio que, para canalizar el volumen de los ciudadanos que quieren participar en la causa legal, “se está creando una asociación que ya cuenta con los estatutos redactados, a la espera de poder formalizarla en los próximos días”.

La demanda, que inicialmente también acusaba de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 8M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid.

Sin embargo, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, debido a que se trata de la institución correspondiente, ya que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.

Víctor Valladares adelanta que se han realizado unas ligeras modificaciones en el texto que se ha presentado ante el Tribunal Supremo. En este sentido, la denuncia “se dirige sólo contra Pedro Sánchez”, pero también “se amplía el tipo delictivo tomando como base el auto del JI 51 de Madrid” y se “amplían las diligencias de prueba tomando como base también el citado auto”.

La denuncia exige que se contemple la responsabilidad de Pedro Sánchez al permitir que se celebrasen las manifestaciones del 8M, pese a tener en sus manos un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que advertía del riesgo para la salud pública de organizar actos con alta afluencia de personas.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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