"Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes"

Nueva querella criminal contra el Gobierno, el Consejo de Enfermería lleva a los juzgados a Sánchez, Illa y Simón

Se trata de una querella extensa y contundente, con una extensa investigación previa y que está acompañada por más de 50 folios, y en la que se realiza un amplio relato de los hechos.

Nueva querella criminal contra el Gobierno, el Consejo de Enfermería lleva a los juzgados a Sánchez, Illa y Simón
Salvador Illa, Pedro Sánchez y Fernando Simón

La ineptitud del Gobierno ante la crisis del coronavirus ha llegado a los juzgados.

Esto porque el Consejo General de Enfermería de España presentó una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en ella señala específicamente a distintos funcionarios, pero destacan tres por su protagonismo ante la pandemia en España: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento (entre ellos Fernando Simón).

La querella los señala por presuntamente cometer un delito contra la seguridad de los trabajadores, luego de que la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería haya acordado por unanimidad, la ausencia del material de seguridad para asistir a los pacientes con COVID-19 con protección y de forma segura, ha generado una inmensa cantidad de contagios entre profesionales sanitarios, así como el fallecimiento de varios de ellos.

España es el país líder en el porcentaje de sanitarios contagiados con coronavirus, este jueves 23 de abril los sanitarios contagiados alcanzaron la cifra de 34.355, casi un 4 por ciento más que ayer y lo que viene a representar un 16,12% frente a los 213.024 casos totales en España.

La cifra viene a representar un escándalo, tomado en cuenta que en Italia este porcentaje no supera el 10% y en Estados Unidos es de poco más del 1%

Los otros miembros del equipo de Sanidad señalados en esta querella son: la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública y la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.

La Comisión Ejecutiva antes mencionada encargó a los servicios jurídicos del Consejo para que se ejercieran las acciones penales con la finalidad de exigir responsabilidades a las autoridades sanitarias que han tenido la responsabilidad de gestionar la pandemia.

El Gobierno de Sánchez, por tanto, se enfrenta a una querella muy bien sustentada, ya que los expertos del Consejo General de Enfermería adelantaron una extensa investigación, que tuvo un trabajo preliminar de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente al COVID-19.

Y es precisamente el resultado final de este trabajo lo que ha llevado al Consejo General de Enfermería a la decisión de actuar judicialmente por la vía penal.

Gracias a toda esta investigación previa, se ha elaborado una querella extensa y contundente, que contiene más de 50 folios, y en la que se realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como los 2,1 millones de mascarillas inservibles del fabricante chino Garry Galaxy) o los test sin la fiabilidad suficiente.

«Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos», afirma rotundamente Florentino Pérez Raya, presidente de Consejo General de Enfermería.

En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física».

La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

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