Vaya siempre por delante la presunción de inocencia.
Pero desde luego la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en relación a la crisis desatada por el coronavirus deja poco margen a la credibilidad.
El nivel de chapucería ha sido de tal calado que cualquier paso que pretenda dar el gabinete socialcomunista es puesto en tela de juicio.
A las pruebas solo hay que remitirse para comprobar el esperpento en sesión continua de un Ejecutivo que ha dado auténticos palos de ciego.
Tardanza en poner los medios para prevenir la pandemia del Covid-19, impericia para evitar los actos multitudinarios como los del 8-M y, especialmente, pésima elección de empresas para suministrar al sistema sanitario de material, pruebas y equipos necesarios para hacer frente al virus.
Se han perdido millones en suscribir contratos con empresas que le han dado a España tests más falso que un euro de madera o unas mascarillas que protegían menos que una hoja de papel.
Por eso, la última decisión del Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, vuelve a encender todas las alarmas.
Tal y como este 2 de mayo de 2020 cuenta el diario El Español, el Gobierno de España ha desembolsado nada más y nada menos que 263 millones a la empresa FCS Select Products, propiedad de Mayra Dagá Castillo para el suministro de material sanitario de China.
Inicialmente, no debería de haber nada extraño, pero rascando un poco empiezan a salir a la superficie una serie de puntos oscuros que deberían de haber puesto en guardia a quienes han suscrito este contrato.
Para empezar, Mayra Dagá es un conocido nombre en el mundo de las corrupciones empresariales. Tanto es así que estuvo con un pie y tres cuartas partes del otro en prisión. Según cuenta el digital de Pedrojota:
Durante varios años, entre 2008 y 2010, se dedicó a estafar a empresas de construcción en declive mientras ella se llevaba suculentas comisiones. Aquella aventura le valió una condena de cárcel. Se salvó de acabar entre rejas tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que le pedía cuatro años de prisión.
En 2008, Mayra Dagà Castillo, nacida en 1977 en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) trabajaba para el ahora expropietario de Fincas Corral, Josep Xicola. Cuando el sector de la construcción colapsó en España, Xicola quiso ser el nuevo rey del ladrillo.
A principios de mayo de 2010, los Mossos d’Esquadra lo detuvieron. En ese momento le seguían los pasos desde hacía meses. Sospechaban que la red que creó Xicola había logrado estafar más de 25 millones de euros, principalmente a través de Fincas Corral, la gran inmobiliaria que compró el 31 de junio de 2008. De aquella red formaba parte Mayra Dagà.
CONTRATOS CON OTROS EMPRESARIOS SOSPECHOSOS
Aunque desde luego la firma con FCS Select Products es el más jugoso a efectos informativos, no es el único contrato que llama la atención.
Hay otros tres empresarios que tampoco se libran de estar en el ojo del huracán y que al final arrojan sospechas de que han sido elegidas por cuestiones de ideológicas o de mero amiguismo:
- Eric Casas. Su empresa, Hans Biomed Skymedic, se embolsó 38,7 millones de euros por los famosos tests de los que siempre ha presumido el Gobierno Sánchez. Uno de los máximos responsables es Eric Casas, quien niega rotundamente haber dado ningún pelotazo y que su compañía cuenta con todos los avales. Asimismo, niega tener vinculaciones con el soberanismo catalán.
- José María Lafuente. El abogado, miembro del Partido Socialista en las Islas Baleares, vio como el Ejecutivo regional investigaba una partida de 80.000 mascarillas probablemente defectuosas en cuya adquisición había tenido que ver el propio Lafuente. El letrado había fletado cuatro aviones con material sanitario procedente de Asia. Unas 3.500 mascarillas llegaron a manos de sanitarios de ambulatorios y hospitales antes de la investigación abierta por el Govern.
- John Oliver Staib. Su empresa, Interpharma, supuso el primer gran fiasco del Gobierno en la gestión de la pandemia. Establecida en Barcelona, el Ministerio de Sanidad le devolvió una partida de 659.000 test defectuosos de antígenos que ésta había empezado a enviar a España a través de la empresa china Bioeasy. Las pruebas eran defectuosas y no tenían la sensibilidad exigida. El Gobierno iba a pagar 17,14 millones de euros. El contrato se anuló. El fabricante, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ni siquiera tenía licencia en China para comercializar ese producto.
