El Gobierno de Pedro Sánchez conocía, perfectamente, el peligro sanitario de celebrar las manifestaciones feministas del 8-M.
Pese a que lo han negado y afirmado que “siempre nos hemos guiado por los expertos en materia sanitaria”, los nuevos datos apuntan al engaño constante del Gobierno de Pedro Sánchez a la población.
Como desvela ‘El Confidencial’, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, prohibieron el 5 de marzo la celebración de un congreso religioso por suponer un enorme riesgo para la salud pública.
Sin embargo, desde el Gobierno del PSOE y Podemos se mintió a la población indicando que no existía ningún riesgo detectado antes de la noche del 8 de marzo.
La reunión del 5 de marzo está en el foco de las diligencias policiales que ha ordenado el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, tras admitir a trámite la querella contra el Gobierno por haber autorizado la manifestación feminista.
La instructora del caso, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, imputa por lo pronto un delito de prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el socialista José Manuel Franco. Sin embargo, las evidencias apuntan a que no será el único.
Según fuentes conocedoras de la cita, Illa y Simón plantearon algunas recomendaciones para evitar que los contagios saltaran a otras iglesias y explicaron que España estaba entrando en una fase inquietante.
Al día siguiente, el 6 de marzo por la mañana, se produjo una nueva reunión en el ministerio para hablar exclusivamente sobre la cancelación del congreso. Según indica ‘El Confidencial’, a esa segunda cita no acudió Illa, pero sí Simón. Por parte del movimiento evangélico, su representante fue el presidente de la Federación de Asambleas de Dios (FADE), Juan Carlos Escobar, pastor y máximo responsable del evento.
El presidente evangélico cuenta que le pareció “extraño” que, tres días después de que le obligaran a suspender su congreso, se permitieran otros actos.
En un intento por defender a Illa y a Simón, un portavoz de Sanidad argumenta ahora que el acto evangélico se consideró especialmente peligroso porque iba a producirse en un espacio cerrado y esa comunidad religiosa ya había sido víctima de un brote de COVID-19.
Sin embargo, la excusa tampoco termina de encajar con las decisiones del Gobierno. Debido a que, ese fin de semana, VOX metió a 9.000 militantes del partido en un espacio cerrado y, el día 7, el Atlético de Madrid jugó contra el Sevilla en el Wanda Metropolitano, ante 60.422 espectadores.
El vídeo secreto
A pesar de los denodados esfuerzos de la ‘Brunete Pedrete‘, de la creación de periodistas ‘fake’ como Miguel Lacambra o de culpar a los expertos sanitarios, cada día surgen más imágenes que demuestran que los socialistas y comunistas eran conscientes de que existía un elevado riesgo de contagio del coronavirus durante la celebración de las marchas del 8 de marzo.
No solo por el uso ‘casual’ de los guantes de ‘látex feminista’, sino también por un nuevo vídeo donde se escucha claramente cómo las ministras (muchas de ellas que han dado positivo en COVID-19) recuerdan a sus ‘camaradas’ las medidas de prevención.
«¡Qué no se besa, qué no se besa!», se puede escuchar gritar a las ministras del PSOE y Podemos mientras se preparan para comenzar a caminar frente a la gran pancarta de la manifestación feminista.
Una orden clara de que evitasen dar besos a las ‘hermanas’ que conmemoraban el Día Internacional de la Mujer, ya que podrían infectarlas con el COVID-19.
Una situación que, con besos o sin besos, terminó con los positivos de: la vicepresidenta Carmen Calvo; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; y su madre, Magdalena Pérez-Castejón; la ministra de Igualdad, Irene Montero; etc.
El documento oficial
Desde el 3 de marzo, los funcionarios de los distintos ministerios e instituciones públicas recibieron una circular oficial donde se indicaban qué pautas de distanciamiento, higiene y teletrabajo debían implementar. Eso sí, ni una sola palabra al resto de españoles y mucho menos cancelar las marchas feministas.
Las instrucciones, que fueron preparadas y difundidas desde el Ministerio de Sanidad, se realizaron más de diez días antes de que se decretara el estado de alarma, según detalla el diario 20Minutos. En la circular se deja claro que hay que “evitar el contacto directo con personas que pueden sufrir una infección aguda, intentando mantener una separación de 1-2 metros entre estas personas» y “evitar saludos con contacto físico”. Dos puntos que resultaban evidentemente imposibles de cumplir durante el 8M.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, uno de los miembros del cuadro de mando bajo el actual estado de alarma ha evitado este lunes 6 de abril aclarar por qué el Gobierno distribuyó antes entre el personal de los ministerios que a la opinión pública en general unas pautas de actuación para prevenir contagios ante la expansión del coronavirus en España.
Un estudio clave
El Grupo Parlamentario Popular instó al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a encargar a un comité científico independiente para la realización de un estudio que analice la posible relación entre las grandes concentraciones de personas que generaron las manifestaciones del Día de la Mujer, el domingo 8 de marzo, y el aumento de los contagios por coronavirus en los días posteriores a esas celebraciones masivas.
La proposición no de ley (PNL), firmada por la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, reclama un estudio científico «que permita discernir el impacto real del retraso en las decisiones gubernamentales de confinamiento hasta después del 8-M como elemento relevante a la hora de evaluar el impacto de la pandemia en España». Unos datos que podrán dotar de validez científica la irresponsabilidad de socialistas y comunistas de promover una manifestación multitudinaria a sabiendas del riesgo que conllevaba para la salud pública.
En la PNL, Cayetana Álvarez de Toledo recuerda que «el 31 de enero la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote infeccioso era una emergencia de salud pública de importancia internacional”, así como que el 11 de febrero, su presidente lo consideró ya como «el enemigo público número uno del mundo». A pesar de que también se tenían los datos de lo que ocurría en Italia y en China, el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, justificó la celebración de las manifestaciones del 8-M con el argumento de que «el cambio de la situación se produjo el domingo al anochecer».
