El estado de alarma tiene una peligrosa ‘cara B’ que está poniendo en jaque la democracia española.
El exmagistrado del Tribunal Supremo, Adolfo Prego, explicó, durante una entrevista con la periodista Mariló Montero, que existen aspectos del estado de alarma que, realmente, responden a la figura del estado de excepción. Por ejemplo, la limitación de movimiento.
Al margen de aspectos técnicos, el letrado ahonda en la peligrosa ‘cara B’ del estado de alarma de Gobierno de Pedro Sánchez: El uso de los ‘poderes especiales’ para garantizar beneficios políticos e individuales.
“El estado de alarma es por y para la lucha contra el coronavirus. Pero no es para dejar a un lado el Estado de Derecho y dejar a un lado la democracia parlamentaria”, precisó Prego.
En este sentido, el exmagistrado del Tribunal Supremo considera que se escapa del estado de alarma algunas decisiones meramente políticas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez, como ha sido la reestructuración de cinco ministerios para nombrar un total de 11 subdirecciones o el ‘blindaje’ oculto en el BOE a Pablo Iglesias dentro del CNI.
“Para que la gente lo entienda, podré un ejemplo: si hay que hacer limpieza general en una casa, hay que hacer limpieza general. Lo que no hay que hacer es tirar muros, cambiar los tejados y construir sótanos que no existían”, explicó.
Prego precisó que “las reestructuraciones de la Administración no tienen absolutamente nada que ver con las causas del estado de alarma, ni con sus fines. Solo se aprovecha el viaje para hacer ciertos cambios, que necesitarían una normalidad democrática y parlamentaria”.
“¿Qué ventaja tiene hacerlo como lo están haciendo?, pues que los controles son mucho más suaves o menores. Mejor dicho, que los controles no existen”, sentenció el letrado.
La ‘trampa’ del CNI
Sobre la entrada de Pablo Iglesias en el CNI bajo el amparo del estado de alarma, Prego ironizó: “no sé qué tienen que ver los servicios secretos con el virus. Al menos que los servicios secretos estén en contacto con el virus para que éste les informe de secretos de Estado”.
No obstante, reconoció que no es un tema para tomarlo con humor. “Bromas aparte, ya que no tiene gracia alguna porque esto es una tragedia. No veo yo qué tiene que ver el CNI con el coronavirus, ni con el estado de alarma”.
Podemos contra la justicia
La Justicia y Podemos siguen chocando frontalmente.
El Tribunal Constitucional anunció que admite a trámite, por unanimidad, los recursos de inconstitucionalidad que fueron interpuestos por el PP y Vox contra la disposición final segunda del Decreto Ley 8/2020. Justamente la que acuerda que el vicepresidente Pablo Iglesias forme parte de la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En este sentido, el Tribunal Constitucional anuncia que se dará “traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes”.
El Constitucional buscará determinar si resulta cierto que, como reclaman 50 senadores del PP y 50 diputados de VOX, la presencia de Pablo Iglesias en la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) supone una violación de los artículos 86.1 y 9.3 de la Constitución.
La decisión del Tribunal Constitucional sería el segundo revés de Podemos en las últimas semanas tras la sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la violenta Isa Serra.
