Fernando Simón vuelve a negar el impacto del 8-M en la expansión del COVID-19.
Un informe de la Guardia Civil acreditó como «cierto y seguro» que las marchas del 8-M influyeron en la difusión del coronavirus.
Un documento que, entre otros motivos, impulsó a Fernando Grande-Marlaska a fulminar al coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid.
Sin embargo, en la rueda de prensa de este 25 de mayo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias afirmó tener su propia teoría:
“El 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal. No creo que tengamos que insistir más en este tema».
Una versión que va en línea con los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez, quienes se encuentran en la mira de la Justicia por convocar a las manifestaciones a pesar de conocer el impacto que tendrían para la salud pública.
Fernando Simón incluso va un paso más allá y afirma que las protestas feministas tendrían el mismo impacto que el uso del Metro o de los autobuses.
“El 8-M se produjo en Madrid, una ciudad con uno de los metros más saturados de España y donde el contacto entre trayectos y un intercambio de personas enorme, mucho más del que pudiera suponer cualquiera de estos eventos”.
En este sentido, alega que “aunque hubiera habido algún posible efecto de alguno de estos eventos masivos, fuera el que fuera, probablemente lo hubiera enmascarado la posibilidad de transmisión en cualquiera de estos medios de transportes”.
Finalmente, indica que se trata de un aspecto “difícil de valorarlo”, desacreditando de esta manera las conclusiones del informe de la Guardia Civil que ha puesto de los nervios tanto a Grande-Marlaska, como al resto del Gobierno del PSOE y Podemos.
Simón, contra la pared
El experto quizás esté intentando librarse de las consecuencias del informe.
Es importante recordar que la Benemérita señaló al director del CCAES por autorizar las manifestaciones feministas, pese a las advertencias internacionales de su riesgo.
Las investigaciones de la Guardia Civil acreditan que Simón manejaba al menos tres días antes de las manifestaciones feministas que se celebraron el 8 de marzo datos que evidenciaban la gravedad de la crisis y no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario, según informa este 22 de mayo de 2020 José María Olmo en El Confidencial.
Congreso evangélico
Según está comprobando la Guardia Civil, sus investigaciones atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse entre el 19 y el 21 de marzo en Madrid.
El 5 de marzo, es decir, tres días antes de las polémicas concentraciones feministas impulsadas por las ministras de PSOE y Podemos, los responsables de celebrar este congreso evangélico fueron convocados por el ministerio para hablar del brote del Covid-19 en una de sus iglesias y para hablar de la anulación del congreso.
En esa reunión participaron tanto el mencionado Simón como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y ambos, según El Confidencial, coincidieron en que debía suspenderse por alto riesgo.
Al día siguiente se celebró una segunda reunión donde en ausencia de Illa, repitió Simón, que facilitó los datos del avance de la epidemia en España y convenció a sus interlocutores de la necesidad de anular el congreso por motivos sanitarios. Una suspensión que se conoció el 7 de marzo, un día antes de la celebración de las marchas del feminismo.
Los agentes de la Guardia Civil contraponen las precauciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad con su actitud permisiva el 8M y otras aglomeraciones del fin de semana, como fueron el mitin político de VOX en Vistalegre o los partidos de fútbol celebrados aquel día.
Casualidades
Las declaraciones de Simón llegan el mismo día que Marlaska fulminó al coronel Diego Pérez de los Cobos, pero también que el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, fue imputado por permitir la manifestación feminista del 8-M en Madrid.
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, del que es titular la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, anunció que el socialista deberá prestar declaración el próximo 5 de junio.
El mismo día deberán testificar el secretario General de la Delegación del Gobierno en la capital, Fernando Talavera Esteso, el jefe de la misma, Luis María Sánz Moríñigo y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
Juicios
Es importante recordar que el abogado Víctor Valladares presentó el jueves 26 de marzo la denuncia ante el Tribunal Supremo a través de LexNet personado con un procurador, según logró conocer Periodista Digital.
A la denuncia de prevaricación administrativa por omisión está previsto que se adhieran más de 7.000 españoles que se han sentido, de alguna manera, afectados por la gestión del gobierno del PSOE y Podemos de la crisis sanitaria del coronavirus.
Víctor Valladares adelantó a este medio que, para canalizar el volumen de los ciudadanos que quieren participar en la causa legal, “se está creando una asociación que ya cuenta con los estatutos redactados, a la espera de poder formalizarla”.
La demanda, que inicialmente también acusaba de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 8M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid.
Sin embargo, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, debido a que se trata de la institución correspondiente, ya que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.
Víctor Valladares adelantó que se han realizado unas ligeras modificaciones en el texto que se ha presentado ante el Tribunal Supremo.
En este sentido, la denuncia “se dirige sólo contra Pedro Sánchez”, pero también “se amplía el tipo delictivo tomando como base el auto del JI 51 de Madrid” y se “amplían las diligencias de prueba tomando como base también el citado auto”.
La denuncia exige que se contemple la responsabilidad de Pedro Sánchez al permitir que se celebrasen las manifestaciones del 8M, pese a tener en sus manos un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que advertía del riesgo para la salud pública de organizar actos con alta afluencia de personas.
