Salvador Illa y Fernando Simón quedan duramente retratados en el polémico informe de la Benemérita

Devastador hallazgo de la Guardia Civil: el Gobierno autorizó 35 manifestaciones post 8-M, pese a ver su impacto sanitario

La Delegación del Gobierno dio luz verde a las protestas pese a conocer el impacto que tendrían para la salud pública

Devastador hallazgo de la Guardia Civil: el Gobierno autorizó 35 manifestaciones post 8-M, pese a ver su impacto sanitario
Salvador Illa y Fernando Simón PD

La Guardia Civil encontró devastadores hallazgos de la imprudencia del Gobierno.

El informe de la Benemérita desveló que la Delegación del Gobierno de Madrid autorizó hasta 35 manifestaciones posteriores al 8-M.

El dato es trágico.

Es importante recordar que la Guardia Civil demostró que el Gobierno de Pedro Sánchez conocía del riesgo para la salud pública de convocar al 8-M, pero que aún así autorizó la celebración de las marchas feministas.

Tras ver cómo las protestas del 8-M dispararon el número de contagiados, la Delegación del Gobierno optó por permitir que se realizaran hasta 35 manifestaciones más en Madrid.

Las protestas están enmarcadas entre el 8 de marzo y el 14 de marzo, día que se declara el estado de alarma en toda España.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid advierte que estaban convocadas 70 marchas, pero sólo se celebraron la mitad.

Ocho de las protestas que no se efectuaron fueron desconvocadas por iniciativa propia, pero las otras 27 no lograron la autorización por motivos sanitarios relacionados con el coronavirus.

Estos hechos han llevado a que la juez que investiga el caso del 8-M citó a declarar como investigado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

Iglesia Evangélica

El Gobierno de Pedro Sánchez conocía, perfectamente, el peligro sanitario de celebrar las manifestaciones feministas del 8-M.

Pese a que defienden que “siempre nos hemos guiado por los expertos en materia sanitaria”, los datos de la Guardia Coivil apuntan al engaño constante del Gobierno de Pedro Sánchez a la población.

El informe apunta a que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, prohibieron el 5 de marzo la celebración de un congreso religioso por suponer un enorme riesgo para la salud pública.

Sin embargo, desde el Gobierno del PSOE y Podemos se mintió a la población indicando que no existía ningún riesgo detectado antes de la noche del 8 de marzo.

La reunión del 5 de marzo está en el foco de las diligencias policiales que ha ordenado el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, tras admitir a trámite la querella contra el Gobierno por haber autorizado la manifestación feminista.

La instructora del caso, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, imputa por lo pronto un delito de prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el socialista José Manuel Franco. Sin embargo, las evidencias apuntan a que no será el único.

Según fuentes conocedoras de la cita, Illa y Simón plantearon algunas recomendaciones para evitar que los contagios saltaran a otras iglesias y explicaron que España estaba entrando en una fase inquietante.

Al día siguiente, el 6 de marzo por la mañana, se produjo una nueva reunión en el ministerio para hablar exclusivamente sobre la cancelación del congreso. Según indica ‘El Confidencial’, a esa segunda cita no acudió Illa, pero sí Simón. Por parte del movimiento evangélico, su representante fue el presidente de la Federación de Asambleas de Dios (FADE), Juan Carlos Escobar, pastor y máximo responsable del evento.

El presidente evangélico cuenta que le pareció “extraño” que, tres días después de que le obligaran a suspender su congreso, se permitieran otros actos.

En un intento por defender a Illa y a Simón, un portavoz de Sanidad argumenta ahora que el acto evangélico se consideró especialmente peligroso porque iba a producirse en un espacio cerrado y esa comunidad religiosa ya había sido víctima de un brote de COVID-19.

Sin embargo, la excusa tampoco termina de encajar con las decisiones del Gobierno. Debido a que, ese fin de semana, VOX metió a 9.000 militantes del partido en un espacio cerrado y, el día 7, el Atlético de Madrid jugó contra el Sevilla en el Wanda Metropolitano, ante 60.422 espectadores.

¿Delito de Marlaska?

A Fernando Grande-Marlaska se le acumulan los problemas.

Las investigaciones por la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez por autorizar la celebración del 8-M, a sabiendas del impacto que tendría para la salud pública, tienen de cabeza al ministro del Interior.

Tras los primeros resultados de un informe de la Guardia Civil que apuntan en contra del Gobierno, Grande-Marlaska hizo ‘rodar cabezas’ dentro de la Benemérita.

Primero fulminó al coronel Diego Pérez de los Cobos por un “cúmulo de motivos”, como adelantó Periodista Digital, seguido de la dimisión del ‘número dos’, Laurentino Ceña.

La situación despertó la desconfianza de la magistrada que investiga el 8-M.

La juez Carmen Rodríguez-Medel remitió un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que dio orden expresa a la Guardia Civil de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas.

En este sentido, advirtió a Marlaska y al resto de sus ‘camaradas’ que la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

El escrito fue remitido al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, justo el día en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska cesó «por pérdida de confianza» al coronel Pérez de los Cobos

Una filtración prevista

A pesar de que la juez Carmen Rodríguez Medel intentó evitar la filtración, los medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez tuvieron acceso al informe íntegro de la Guardia Civil.

La SER y elDiario.es aprovecharon el acceso al material para intentar desprestigiar tanto a la investigación, así como a los profesionales de la Benemérita que lo elaboraron. Una forma de reponer la imagen del Gobierno ante la opinión pública.

Todo apunta a que la filtración salió del despacho del propio Grande-Marlaska, ya que es el único que puede tener acceso al informe.

El Diario.es, en una pieza firmada por Irene Castro y José Precedo, desglosa el atestado, elaborado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil y que llevará al banquillo a José Manuel Franco, secretario general del PSOE madrileño.

Esta información dice, en auxilio de Marlaska, Simón, Illa y el propio Franco, que tiene errores de bulto.

Lo que no puede afirmar eldiario.es es que ese informe que le ha llegado no haya pasado por la ‘cocina’ de Interior y que no fuera el original que manejaba Pérez de los Cobos.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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