No hay día que no tenga su afán y con este Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez el aserto se cumple hasta extremos insospechados.
Lo que resulta indisimulable es que el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, conocía los riesgos que entrañaba el coronavirus y, pese a que no se prohibieron actos como la manifestación feminista del 8-M, sí que puso los mecanismos para evitar que en las prisiones pudieran desatarse los contagios.
Otra cosa diferente fue que el propio ministro, junto a otros miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, incumpliera sus propios protocolos exigidos en Instituciones Penitenciarias al juntarse y apretujarse por las calles de Madrid en las marchas feministas para, un día después, el 9 de marzo de 2020, comenzar a pagar con creces las consecuencias de que el Covid-19 se había desbocado y los contagios, así como los fallecimientos, ya eran imparables.
Según una información publicada por el diario El Mundo este 12 de junio de 2020, el departamento de Marlaska estableció en los últimos días de enero un protocolo contra el coronavirus para los agentes de la Policía Nacional, así como para los funcionarios de las cárceles y los propios reclusos.
Pero es más. Desde el 4 de febrero hasta el 5 de marzo de 2020, la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria insistió de manera reiterada en aplicar medidas de distanciamiento social en entornos en los que pudiera haber casos sospechosos.
En un documento interno se recomendaba que para cualquier tipo de intervención por personal no sanitario que se realizase cerca de un recluso sospechoso de tener coronavirus se debía respetar un metro de distancia y, además, ponerse mascarilla FFP2/FFP3 y guantes desechables, no estériles, tanto el personal sanitario como el resto de personal. Y cuando no se pudiera garantizar ese metro de distancia, el personal debía llevar el equipo de protección personal y mascarilla FFP2/FFP3.
DISTANCIA E HIGIENE
El 5 de marzo de 2020, un oficio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, enviado a todos los directores de cárceles y firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Javier Nistal, establecía que cada centro penitenciario debe adoptar las medidas para la prevención y la actuación frente al coronavirus.
Algunas de las actuaciones a seguir eran meran recomendaciones, pero otras eran de obligado cumplimiento. La principal medida a seguir era la higiene, pero se insiste en las que ya se han remitido, como es el caso de la distancia precautoria de un metro, que ya constaba en otro oficiol remitido el 4 de febrero de 2020.
