No es de extrañar que periodistas como Federico Jiménez Losantos o Luis del Val se refieran a él como ‘el pequeño o le petit Marlaska‘.
El que fuera todo un juez prestigioso de la Audiencia Nacional se ha convertido en un ministro del Interior incapaz y que directamente se ha puesto al servicio de la coalición socialcomunista.
Fernando Grande-Marlaska, en su fuero interno, debe ser consciente de que su labor actual de proteger a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias al precio que sea entra en contradicción con principios tan fundamentales y tan constitucionales como el derecho de manifestación.
Pero el magistrado, desde su despacho de Interior en pleno Paseo de la Castellana, en Madrid, prefiere la seguridad de un suelto extraordinario y no tiene empacho en adoptar decisiones no solo controvertidas, sino que en algunos casos están contraviniendo el derecho de los ciudadanos a su libertad de expresión.
El problema es que al final llega a tal punto la obsesión por cuidar y defender los intereses de los miembros del Gobierno que mete la gamba hasta el corvejón.
Y precisamente de gambazo se puede considerar una de sus últimas medidas, la de blindar hasta tal extremo la residencia del vicepresidente segundo del Gobierno y de la ministra de Igualdad, Pablo Iglesias e Irene Montero, dando la orden de requisar, no se rían por favor, las paelleras.
El argumento esgrimido para proceder a tamaña incautación se debe a que si las cacerolas ya eran ruidosas, se entiende que las paelleras emiten un sonido aún mucho más estruendoso y, por tanto, hay orden de que todo aquel que se acerque hasta las inmediaciones del chaletaco de los ‘marqueses de Galapagar’ con un artilugio de cocina de esas dimensiones sea obligado a desprenderse del cacharro en cuestión.
De hecho, los vecinos de la zona de La Navata, que es donde concretamente se emplaza la residencia de Iglesias y Montero, afirman que la obsesión con la vigilancia se ha incrementado hasta extremos insospechados.
Denuncian que cada vez son más metros de calle los que se cortan para evitar precisamente que los ciudadanos descontentos se aproximen hasta el casoplón.
Por esa razón, y frente a la cerrazón y a la obcecación de un ministro del Interior que no entiende que las protestas son legítimas, los vecinos y manifestantes de otros municipios le están dando al coco para implementar nuevos medios de que los podemitas ‘deluxe’ de Galapagar escuchen sus protestas.
Y si las paelleras son requisadas, siempre queda el recurso de ponerse con el megáfono y altavoces con música de Manolo Escobar a toda pastilla en horario permitido. No duden de que la próxima también se prohibirán esas manifestaciones acústicas a dos kilómetros a la redonda. ¿La excusa? Que alteran el descando de la tropa infantil de Iglesias y Montero. Al tiempo.
