La situación se empieza a poner de color hormiga para Pablo Iglesias.
Aunque, siendo de Unidas Podemos, el mejor símil es decir que el vicepresidente segundo del Gobierno las está pasando moradas.
Por mucho que pretenda vender el ‘caso Dina‘ como un asunto de corte privado, lo cierto es que él denunció a lo que pomposamente vino a denominar ‘las cloacas del Estado‘, así que difícilmente puede ser considerado como cuestión propia algo que afecta a la esfera pública.
Por lo pronto, tal y como cuenta Libertad Digital este 17 de julio de 2020, fuentes jurídicas sospechan que Iglesias pudo cometer hasta tres delitos diferentes en este caso.
En concreto habría incurrido en denuncia falsa, tras acusar en sede judicial al comisario Villarejo de robar el móvil de su exasesora, Dina Boussleham, y compincharse con Okdiario para publicarlo; revelación de secretos, por acceder al contenido de la tarjeta de memoria de Dina; y daños informáticos, por entregar dañada la citada tarjeta a su propietaria.
Los investigadores sospechan que Iglesias ocultó la tarjeta durante al menos año y medio, y no seis meses como afirmó Dina Bousselham ante el juez en una de sus versiones.
Las mismas fuentes apuntan que «el delito que a día de hoy tendría mayor recorrido judicial en una hipotética imputación ante el Tribunal Supremo es el de denuncia falsa», ya que Iglesias podría ser perdonado por el presunto delito de revelación de secretos por la propia Dina.
Respecto al presunto delito de daños informáticos en la tarjeta, aún quedan diligencias pendientes para delimitar la posible responsabilidad penal del vicepresidente segundo del Gobierno.
Un marrón para el fiscal Stampa
Y es que lo de Stampa es algo mucho más que un simple embrollo judicial.
Lo de ‘Ironman‘ con la abogada de Podemos, a la que posiblemente haya podido filtrar detalles del caso para beneficio de Pablo Iglesias, apesta a delito y parece infumable que le permitan seguir instruyendo.
La Fiscalía Superior de Madrid ha abierto diligencias de investigación penal contra este fiscal por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con los contenidos del chat privado del equipo de abogados de Podemos.
Esas diligencias comenzaron con la denuncia presentada por VOX en la Fiscalía Anticorrupción contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, su exasesora Dina Bousselham, actual directora de ‘La última hora’, el panfleto de propaganda podemita; la citada Marta Flor, abogada de la formación de ultraizquierda, y Stampa.
¿Ofreció la abogada de Podemos al fiscal Stampa la denuncia del robo del teléfono a Dina Bousselham?
Muchas cuestiones quedan en el aire desde que se supo la relación ‘personal‘ que mantenían Stampa y Flor, de la que ella misma iba presumiendo.
El conocido como ‘caso Dina’ es una de las 25 piezas en las que se ha dividido la investigación del llamado ‘caso Tándem’.
Según recuerda Confilegal, Flor nunca fue la destinataria por parte de Podemos del caso, sino que el partido decidió desde un primer momento que fuera a parar a manos del que era su jefe dentro de la formación, José Manuel Calvente.
Fue en la primera vista sobre este caso instruido en la Audiencia Nacional cuando Flor asumió de motu propio la titularidad jurídica del asunto del presunto robo del teléfono a Dina Bousselham. De lo que se sabe es que el contenido de esa tarjeta acabó en manos de Pablo Iglesias que tardó meses en devolvérselo a su legítima dueña.
Desde entonces, según esta publicación, los despropósitos jurídicos de Marta Flor fueron en aumento, según denunciaba Calvente en un burofax remitido a Alberto Rodríguez, secretario de Podemos.
El punto de fricción se produjo el 8 de febrero de 2019 cuando Flor planteó a Calvente que podía ofrecer «la denuncia del robo sufrido por Bousselham al fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa», con el que habría iniciado una relación.
La bronca con Calvente distanció a Flor del exequipo legal de Podemos en aquellas fechas, que se oponía a que la abogada «pasara información confidencial» de los asuntos del partido al mencionado Stampa.
Calvente y su equipo, que acabaron tarifando con la organización tras ser despedidos por una denuncia posiblemente falsa que perpetró Flor de «acoso laboral y personal», se llevaban las manos a la cabeza cuando tenían sensación de que «el intercambio de datos era mutuo entre el fiscal y la letrada.
La guerra sucia comenzó en marzo de 2019 cuando flor empezó a acusar a Calvente de acoso en una campaña «de hostigamiento», como explicó este abogado a Alberto Rodríguez en su burofax.
El exequipo jurídico de Podemos apartó a la abogada del caso Villarejo por «conductas poco transparentes entre lo profesional y lo personal con el fiscal Stampa.»
Rodríguez, hombre de confianza de Iglesias, aprovechó su reincorporación tras una baja de paternidad para despedir a los letrados y reincorporar a Flor al cáso Tándem.
