Nuevo mazazo judicial en contra de Pablo Iglesias e Irene Montero.
Los ‘marqueses’ de Galapagar presionaron a Fernando Grande-Marlaska para sancionar y expulsar del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil a nueve agentes por protestar ante el costoso chalet del vicepresidente.
Ahora, un duro revés judicial frena la ofensiva del PSOE y Podemos contra los agentes, según indica Carlos Cuesta en OkDiario.
No solo la justicia se mostró a favor de los policías que manifestaron por una equiparación salarial real y efectiva entre los agentes nacionales y los autonómicos.
El sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, y la Asociación Profesional de la Guardia Civil Jucil también mostraron desde el primer momento su crítica por la decisión de la Dirección General de la Policía de abrir expediente a los agentes.
El acto de protesta y reivindicación, de hecho, se llevó a cabo tras adoptar el Gobierno la decisión de vetar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Jusapol para lograr la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas.
Es importante destacar que la protesta se realizó a título personal, sin el uniforme y fuera de su horario laboral.
La ejecución de Marlaska
Siguiendo las órdenes de Pablo Iglesias e Irene Montero, Grande-Marlaska presionó para que la Dirección General de Policía abriera un expediente disciplinario contra los agentes de la Policía y de la Guardia Civil por protestar ante el chalet de Galapagar.
Cuesta precisa que el expediente disciplinario “batió todos los récords de velocidad: se abrió en menos de 24 horas hábiles, cuando el tiempo medio habitual para este tipo de procedimiento ronda los 10-15 días hábiles”.
Condiciones precarias
La Guardia Civil está obligada a vigilar el costoso chalet de Pablo Iglesias desde un cuartel en “vergonzosas» condiciones.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) viene denunciando, desde 2009, que los agentes trabajan en un entorno lleno de humedades y moho que, además, incumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
A pesar de las constantes quejas de los agentes de la Guardia Civil, no existió una respuesta del Ministerio del Interior, lo que obligó a los agentes a tomar la decisión de denunciar.
La denuncia permitió una visita de la Inspección de Trabajo y Secretaría de Estado. Tras comprobar las paupérrimas condiciones de trabajo de los guardias civiles, ordenaron unas reformas que se deberán ejecutar en un plazo inferior a un mes.
Desde la AUGC recuerdan que, antes de presentar denuncia a la Inspección de Trabajo, trasladó sus quejas a Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil y al exjefe de la Comandancia de Madrid.
