Es lo que tiene creerse imbuido de un halo especial.
Pedro Sánchez creyó tener atado y bien atado el decreto por el que podía incautarse de 16.000 millones de euros del superávit municipal.
Sin embargo, el 10 de septiembre de 2020 comprobó como hasta sus socios de investidura dijeron nones a la medida defendida por María Jesús Montero, la ministra de Hacienda.
Con alcaldes de todo pelaje y color político, ahí primó más la defensa del propio terruño que darle un sí al Gobierno de España.
Este 11 de septiembre de 2020, día de Cataluña, son varios los editoriales y tribunas de la prensa de papel los que advierten al inquilino de La Moncloa de que tendrá que andar con pies de plomo, máxime porque ya se otea en el horizonte la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y no está claro un apoyo mayoritario a estas alturas.
El editorial de ABC va precisamente en esa línea, que la derrota sufrida a cuenta del superávit de los consistorios es una señal evidente de que los PGE no están asegurados:
La derrota es una primera señal de lo incierta que será para Sánchez la negociación de sus primeros presupuestos generales. El precio de cada partido a cambio de sus votos crecerá ahora exponencialmente porque el aislamiento supone un enorme desgaste para Sánchez. Su ambivalente cortejo a ERC y a Ciudadanos, con una de cal y otra de arena casi diaria para cada partido, refleja la confusión que invade al Gobierno.
Ahora Sánchez ya sabe que no será suficiente gobernar con marketing propagandístico, y que su crédito ante sus socios puede empezar a agotarse. Sánchez no pacta. Impone. No negocia. Solo exige sumisión y claudicación de la oposición, y lo grave es que este aviso en forma de derrota solo le servirá para poner a España al servicio del nacionalismo y el independentismo con tal de prolongar la legislatura, a costa incluso de la recuperación económica. Su cesión ante cualquier chantaje va a ser norma común.
Por su parte, El Mundo considera que la derrota del PSOE supone, además, un rechazo a las formas arrogantes con las que Sánchez se ha acostumbrado a gobernar:
La de 10 de septiembre de 2020 en el Congreso no fue solo la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de Sánchez e Iglesias. Supuso, además, el rechazo de todos los grupos de la Cámara –salvo PSOE y UP– a una forma arrogante de gobernar, a golpe de decretazo, ignorando al Parlamento y sin atender a las opiniones del resto de fuerzas políticas. Y la derrota también del chantaje de la ministra de Hacienda, que amenazó a los alcaldes de toda España si no aceptaban la propuesta que había pactado con el socialista Abel Caballero, después de que éste impusiese su criterio a la Federación de Municipios.
Incluso, subraya el editorialista de este diario, ahora el Ejecutivo adoptará represalias en un claro gesto de mal perdedor:
Como represalia, en una prueba más de su irresponsable sectarismo, Montero anunció al término de la votación que el Gobierno no ofrecerá ninguna alternativa. Es decir, como los ayuntamientos han rechazado la incautación de sus ahorros, el Gobierno les castiga con la inmovilización de esos remanentes que por derecho les corresponden, pues son fruto de los esfuerzos de austeridad que llevan soportando desde hace años todos los ciudadanos.
El País, aunque llega a culpar al PP del rechazo a ese decreto gubernamental, no tiene más remedio que reconocer que la ministra de Hacienda se ha ganado un suspenso de campeonato:
Si las negociaciones con los municipios han sido un banco de pruebas para otras que el Gobierno tendrá que realizar en las próximas semanas —las de los Presupuestos—, hay algo que chirría. Y de nuevo el PP es también responsable de haber utilizado un tema como este, que podía haber aliviado las cuentas tanto del Estado como de los municipios, en favor de sus intereses de oposición a toda costa, sin proponer una alternativa mejor a la del Gobierno.
Por grandes que sean sus necesidades económicas, lo que los municipios han dicho es que el Ejecutivo tiene que contar con ellos para consensuar su financiación. Y por mucho que entienda que su iniciativa es la más consistente, la ministra Montero no tiene otra que intentar convencer, y pactar donde tenga que pactar. El recorrido de este decreto ley ha terminado en un suspenso en toda regla.
Finalmente, La Razón define las prisas del Gobierno por intentar ver aprobado el decreto como el del desesperado regateo de unos feriantes con tal de que alguien les compre la mercancía:
No era difícil prever este resultado. Hubiera bastado con renunciar a la imposición de una medida que la mayoría de los alcaldes consideraban confiscatoria, –que sólo salió adelante en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) gracias al voto de calidad de su presidente, un edil socialista–,y negociar un proyecto alternativo con los diferentes partidos. Pero no. A las prisas de última ahora, que denotan falta de trabajo previo, se unió la ceremonia de la confusión provocada por el trío negociador que conformaban el equipo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, y el de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, cuyas propuestas tenían un aspecto demasiado próximo al de un regateo de feriantes.
