Otro entreguismo más del Gobierno Sánchez al PNV con tal de poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, los primeros que aprobaría el Ejecutivo socialcomunista que aún sigue manejándose con los de Cristóbal Montoro, que tuvieron el respaldo de la Cámara días antes de la moción de censura a Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018.
El presidente del Ejecutivo socialcomunista va a ceder a partir de marzo de 2021 nada más y nada menos que el control de las prisiones vascas a la administración de Íñigo Urkullu.
Obviamente, esta transferencia no oculta las verdaderas intenciones que se ocultan tras la misma. No se trata del mero hecho de tener la gestión de la penitenciarías en territorio del País Vasco, sino ceder en realidad a la petición de otra de las patas esenciales para que Sánchez pueda ver aprobados sus PGE.
EH Bildu viene reclamando que todo lo que tenga que ver con Instituciones Penitenciarias en Euskadi sea controlado por el Gobierno autonómico y, de esta manera, poder facilitar la salida de los presos de ETA.
Tal y como recuerda el diario La Razón este 16 de octubre de 2020, en el mes de mayo de 2020, el presidente regional Urkullu reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez el acercamiento a cárceles del País Vasco de más de 300 presos, de los que más de dos terceras partes pertenecían a la banda terrorista ETA.
De hecho, el líder peneuvista ha dejado en más de una ocasión muy claras sus intenciones respecto de los reclusos etarras.
Su objetivo es hacer una especie de paripé por el que los terroristas encarcelados reconocieran los daños causados y, posteriormente, pudieran iniciar su proceso de reinserción para poder acabar en la calle y, tal y como se teme VOX, que sean luego homenajeados en sus villas sin que nadie ponga coto a ese enaltecimiento de quienes tienen a sus espaldas varios delitos de sangre.
CRÍTICAS DE LA AVT
La Asociación Víctimas del Terrorismo se ha mostrado crítica a la par que preocupada con la nueva cesión de Pedro Sánchez para contentar a los nacionalistas vascos:
Nos preocupa esta cesión al coincidir con la derogación de la política de dispersión y que además se haya autorizado en dos años el trasladao de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco.
Desde la AVT no dudan de que este acuerdo lleva mucho tiempo sobre la mesa:
Aquí siempre estuvo utilizar los presos de ETA como moneda de cambio y mucho nos tememos que los condenados por terrorismo terminen en cárceles vascas y que con las competencias cedidas al País Vasco, sea este quien pueda decidir sobre el paso a un tercer grado y, posteriormente, a una excarcelación.
La propia AVT denuncia que desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior no solo se ha acercado a varias decenas de presos etarras, sino que además media docena de reclusos con delitos de sangre han sido llevados directamente a prisiones del País Vasco y de Navarra con argumentos tales como necesidades médicas o porque estaban ya en tercer grado.
