La austeridad por bandera…. pero para los demás.
El Gobierno de Pedro Sánchez, que tanto hablaba y piaba sobre la necesidad de meter tijera al gasto superfluo, resulta que se ha convertido en el campeón de la colocación de asesores y aspirantes a serlo.
El problema no es en sí el rostro más conocido del Ejecutivo socialcomunista, el hombre que susurra a todas horas a los oídos del presidente.
Iván Redondo, el gran gurú y asesor áulico de Sánchez es, poco menos, que el chocolate del loro en lo que se refiere a la carísima nómina que Moncloa tiene que hacer frente cada mes.
Pero, claro, no hay dolores de cabeza a la hora de aflojar la pasta porque quienes venían a regenerar la política ahora han descubierto que mientra el sufrido contribuyente paga religiosamente sus impuestos, hay maná para repartir entre un montón de estómagos agradecidos que, a cambio del cheque, asesoran a Sánchez en lo que sea menester.
El inquilino del palacio presidencial ha convertido en áustera la gestión de Mariano Rajoy en materia de asesores. Sánchez ha pasado de los 7 millones de euros que el entonces líder del Partido Popular tenía para ese capítulo a duplicar y más esa cantidad. 15 millones es lo que se destina ahora una cuantía de asesores que, además, ni son conocidos para el ciudadano de a pie.
Incluso, como el sueldo de estos colaboradores debe ser ‘justito’, Pedro Sánchez no solo mantiene, sino que eleva un millón más la cantidad destinada a premiar a esos trabajadores que se dejan las pestañas en agradar a sus jefes y en sacarles las castañas del fuego.
Así, de 4,4 millones de la época de Rajoy se pasa los actuales 5,3 millones de euros a regar esos incentivos al rendimiento.
¿Y QUIENES SON?
Lo cierto es que el Gobierno de Sánchez e Iglesias se ha convertido en una máquina de churros ‘asesoriles’. La cuestión es darle al manubrio y colocar al personal sin que este, en muchas ocasiones, sea conocido o acredite una formación que le haga merecedor del puesto.
Incluso se ha llegado a abusar del ocultismo, de decirle a la oposición que no hay por qué rendir cuentas sobre a quienes se contrata.
Ese es el gran problema de los puestos de libre designación, que el presidente, los vicepresidentes o cualquiera de los ministros del Ejecutivo socialcomunista pueden contratar a quienes les plazcan, como si quieren meter a un familiar. Total, son puestos en los que no hay que demostrar ni valía ni hace falta dar a conocer siquiera el nombre de los ‘agraciados’ en esa lotería del enchufe público.
Acuérdense, por ejemplo, como la pareja del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se alteró cuando preguntaron por quiénes eran sus asesores en Igualdad. Irene Montero despachó con cajas destempladas a los que ponían en solfa la contratación de unos enchufados a los que les unía una cuestión ideológica.
Y mientras estos asesores, muchos de ellos unos bien pagados, tienen asegurada su nómina a fin de mes, ¿qué se le puede decir a empresarios que han echado o están a punto de bajar la persiana de sus negocios y además para siempre?
