El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) está colocando contra las cuerdas a Salvador Illa.
La institución ordenó al ministro de Sanidad desvelar los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus.
Aunque desde el Gobierno PSOE-Podemos intentaron ocultar quiénes integran el comité ‘fantasma’ alegando la el derecho a la protección de datos, Transparencia afirma que no se vulnera dicho derecho. Al contrario, afirman que favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes».
«No solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salid pública, máxime en situaciones extraordinarias, como la producida por la pandemia de COVID-19».
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno da la razón al abogado que el mismo 6 de mayo en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.
En concreto, el Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado esta información, una decisión que pone fin a la vía administrativa, pero que se puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.
Desmontar el comité ‘fantasma’ de Illa y Simón
La Dirección General de Salud Pública, en un escrito del 29 de septiembre, denegó esta información al abogado «por motivos de protección de datos», alegando que los miembros del comité de expertos son «personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo».
Fue entonces cuando el letrado acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que obligara al Ministerio de Sanidad a entregarle esta información.
«Lo cierto es que, si no se me facilita a mí o al Consejo de Transparencia el listado de expertos, nunca sabremos si lo que se me indica por la entidad reclamada es cierto», indicó.
Además, el abogado adujo que «es ciertamente surrealista mantener a ultranza que los miembros de un comité de expertos no son formalmente altos cargos o directivos (…), pues en buena lógica y a nivel práctico y real se trata de personas que ocupan una posición destacada, de consulta y decisión, en una pandemia cuya información tiene relevancia pública».
