Fuentes diplomáticas también vinculan al exjuez Baltasar Garzón y su pareja, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, además de Pablo Iglesias y Josep Borrell

Así sabotean Zapatero e Iglesias la elección del nuevo fiscal de la CPI para proteger a Maduro

A pesar de que el aumento del número de preseleccionados en la CPI contraviene el artículo 42.4 del Estatuto de Roma, es una oportunidad para Zapatero y Garzón impulsen al fiscal español Carlos Castresana.

Así sabotean Zapatero e Iglesias la elección del nuevo fiscal de la CPI para proteger a Maduro
Pablo Iglesias y Jose Luis Rodríguez Zapatero en la CPI PD

La extrema izquierda española y latinoamericana están trabajando codo a codo para lograr controlar al Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CPI).

A pesar de que el nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional debió ser elegido el pasado diciembre de 2020, el proceso ha venido sufriendo un conjunto de irregularidades que ha llevado a su postergación.

Según han confirmado fuentes diplomáticas a Periodista Digital, existe una “delegación de España” que está intentando aprovechar dichas alteraciones para impulsar la elección de un fiscal afín a los intereses de la izquierda y, en particular, de Nicolás Maduro.

“El movimiento está siendo liderado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exjuez Baltasar Garzón y su pareja, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado”, Sin embargo, no son los únicos, ya que también vinculan a Pablo Iglesias y a Josep Borrell.

Las fuentes, muy cercanas de la Corte Penal Internacional, afirman que “quiere colocar a un fiscal que mantenga la línea de la saliente Fatou Bensouda y de su antecesor Luis Moreno Ocampo, quienes han venido evitando juzgar los crímenes de lesa humanidad de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a pesar del gran volumen de evidencias en contra de la dictadura chavista”.

El Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) emitió un comunicado donde advierte a la comunidad internacional sobre “la inexplicable postergación de la elección del nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien debió ser electo en diciembre de 2020, conforme a la propuesta del Comité de Selección creado por la Asamblea General de Estados Parte en 2019 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.4 del Estatuto de Roma”.

La junta directiva de Ciciven [conformada por William Cárdenas Rubio; Paciano Padrón; Walter Márquez; Luis Corona; y Víctor Rodríguez] manifiestan “su preocupación por la manera como se ha diferido por seis oportunidades  la elección del nuevo Fiscal de la CPI para el presente mes de enero o febrero, cuando la misma debió realizarse en diciembre”.

William Cárdenas Rubio destaca a este diario la existencia de “acciones irregulares e ilegales para tratar de nombrar al nuevo Fiscal por la vía del consenso, ampliando  de manera indebida de cuatro a nueve el número de preseleccionados»

A pesar de que el aumento del número de preseleccionados contraviene el artículo 42.4 del Estatuto de Roma, resulta una oportunidad para Zapatero y Garzón para impulsar a uno de sus principales candidatos: el fiscal español Carlos Castresana.

El Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela destaca que la irregularidad en el proceso “afecta la transparencia e idoneidad de la Corte como órgano para la justicia universal, creado para prevenir y sancionar los crímenes internacionales objeto de su competencia, particularmente en la actualidad  cuando se registra en el mundo una peculiar violación de derechos humanos de carácter sistemático y generalizado, como el caso Venezuela, entre otros”.

Por esto, hacen un llamado “a los Estados Parte del Estatuto de Roma, reunidos en la Asamblea de Estados Parte, para que al reanudar sus sesiones en enero o febrero de este año, mantenga su compromiso de llevar a cabo un proceso de elección transparente, desprovisto de apreciaciones políticas o ideológicas”, explica Cárdenas.

Debido al temor de una elección fraudulenta del nuevo fiscal de la CPI, desde Ciciven enviarán una carta sobre el particular a Luis Almagro, Secretario General de la OEA; Gustavo Tarre Briceño, embajador de Venezuela OEA; Orlando Viera Blanco embajador en Canadá, país designado recientemente miembro de la Mesa de la Asamblea de los Estados Parte; embajador de Colombia ante la OEA, (miembro de la Mesa Directiva de la CPI), y a los seis embajadores de los Estados Parte que denunciaron a Maduro en La Haya, al tiempo que ratifican dirigirse al gobierno interino de Juan Guaidó.

La Fiscal de Maduro

Estados Unidos sancionó en septiembre de 2020 a Fatou Bensouda, la actual fiscal de la CPI.

El Gobierno de Donald Trump anunció las sanciones contra la gambiana Fatou Bensouda al objetar la investigación de soldados estadounidenses por presuntos crímenes de guerra en Afganistán.

“Cualquier persona o entidad que continúe asistiendo en forma material” a la fiscal en esas investigaciones “también estará sujeta a sanciones”, dijo el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, durante una conferencia de prensa.

La fiscal cuenta, además, con unas amistades peligrosas que ponen en duda su transparencia para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Es importante recordar que Fatou Bensouda fue la ‘mano derecha’ del argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recibió 22 causas bien fundamentadas sin hacer ningún tipo de investigación.

Una situación que se hizo aún más preocupante y evidente cuando salió a la luz que a Moreno Ocampo se le descubrió que estaba recibiendo dinero y que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales.

Bensouda posiblemente estuvo enterada de todo lo que el fiscal hacía, ya que su trabajo era muy cercano así como su relación personal.

A esto se suma que la fiscal Bensouda, quien emprenderá un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tiene muy cerca en su ámbito personal a Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente Económico de Venezuela Tarek El Aissami, quien a su vez es acusado de narcotráfico por Estados Unidos y se encuentra en la lista de los 10 hombres más buscados por su vinculación con el narcotráfico internacional.

Unos cargos que, aunque son preocupantes e internacionalmente avalados, no ha supuesto un freno para que sigan manteniendo una relación de amistad entre la fiscal y Haifa El Aissami, quien es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace “contribuciones especiales” al presupuesto del organismo internacional.

Los vínculos de Fatou Bensouda han llevado a que en septiembre de 2019 el exdiputado venezolano Walter Márquez afirme que ella «está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente» para investigar las denuncias que llegan al tribunal contra el régimen de Nicolás Maduro.

Márquez, antiguo miembro de la Asamblea Nacional, estuvo más de una hora reunido con el Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI en La Haya para hablar sobre las dos quejas que ha interpuesto contra Bensouda, la primera de las cuales ya ha sido admitida a trámite.

 

 

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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