Es inoperante por naturaleza.
Los problemas son para Pedro Sánchez un asunto que siempre hay que endilgar a otro.
A él solo le gusta salir para sus ‘Aló presidente‘ o presumir de las vacunaciones y de los planes de recuperación.
Pero si España, cuando el calendario marque el inicio del 9 de mayo de 2021, se queda atrapada en una maraña jurídica con el final del estado de alarma, a él, a su ‘sanchidad’, que no le busquen.
Es más, el presidente del Gobierno socialcomunista ha escapado como un conejo o como alma que lleva el diablo para no tener que responsabilizarse del cacao autonómico que se va a organizar en cuestión de poco más de 12 horas cuando los ciudadanos de Madrid, por ejemplo, vayan en masa a las playas valencianas.
El inquilino de La Moncloa vuelve a apostar por la cogobernanza para sacudirse de encima un marrón que debería gestionar él junto a su equipo ministerial.
Lo que sucede es que esa cogobernanza también tiene que ser en material judicial. Las autonomías no saben qué derechos pueden o no restringir y los tribunales superiores de Justicia tampoco se aclaran.
CRITERIOS DISPARES EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
Son 17 normativas que, en algunos casos, arrojan resultados tan dispares que lo que se prohíbe tajantemente en una comunidad se permite abiertamente en otra.
Un caso de este dislate que deja Sánchez como herencia es lo decidido por el Tribunal Superior Vasco, que anuló unos toques de queda que, en cambio, sí permiten los magistrados en la Comunidad Valenciana y Baleares.
Canarias y Navarra, que también optan a seguir con esos toques de queda, están pendientes de lo que resuelvan los Tribunales Superiores de Justicia de sus respectivos territorios-
Pero hay más. La propia Fiscalía General duda de que los gobiernos regionales puedan establecer toques de queda sin que esté decretado el estado de alarma.
Off the record, muchos fiscales consideran que lo que Pedro Sánchez está perpetrando es una «chapuza» que además puede tener efectos ignotos y catastróficos.
Tampoco rebaja sus críticas el Colegio de Abogados de Madrid subrayando de manera tajante que el fin de la alarma abre un nuevo periodo de inseguridad jurídica.
Y este es el terreno en el que mejor se mueve Pedro Sánchez, en la ceremonia de la confusión, el de enfrentar entre sí a las autonomías y sobre todo cabrear a los ciudadanos de una región con los de otra a cuenta de determinados privilegios en cuanto a restricciones territoriales o toques de queda.
La solución, como ya han solicitado los ejecutivos autonómicos, pasa por, acabado el estado de alarma, proporcionar un marco normativo común a todos los territorios y que luego, en determinados aspectos, se pueda regular localmente.
