UN ACUERDO QUE COBRA ESPECIAL SENTIDO EN PLENAS PROTESTAS EN CUBA

Pedro Sánchez donó a Cuba 57 millones de euros en 2019 para «promover el estado de derecho»

El pacto incluía condiciones como "consolidar una sociedad segura, justa, cohesionada y solidaria"

Pedro Sánchez donó a Cuba 57 millones de euros en 2019 para "promover el estado de derecho"

El Gobierno de Sánchez rubricó en 2019 con el Ejecutivo cubano la donación a fondo perdido de 57,5 millones de euros para un periodo de 2019 a 2022, para cumplir objetivos como “promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia”.

Un pacto que hoy, con los disturbios en Cuba y el silencio del Gobierno español hacia el régimen dictatorial cubano, cobra un especial sentido.

Lo cuenta Francisco Mercado en Escudo Digital, asegurando que el pacto incluía “consolidar una sociedad segura, justa, cohesionada y solidaria, que se distinga: por la equidad proveniente del fortalecimiento del principio de distribución de la riqueza creada según la cantidad y calidad del trabajo aportado, la consolidación de las conquistas de la Revolución en materia social y una mayor participación efectiva y responsable de los ciudadanos en la toma de decisiones” y “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas”. Hoy la policía cubana detiene, tirotea o apalea por igual a hombres y mujeres (incluidos adolescentes) en directo por opinar, se mantiene el sistema de partido único, la sociedad se rebela por el hambre, las desigualdades y las corruptelas… Pero España ni denuncia el tratado ni califica de dictadura a Cuba.

Sin embargo, ya en 2020, un año después de firmar el memorando en pro del estado de derecho, las autoridades cubanas seguían reprimiendo todas las formas de disidencia, y encarcelaron a líderes políticos, periodistas independientes y artistas.

 

En abril, las autoridades dejaron en libertad a José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ex preso de conciencia, que había sido encarcelado en octubre de 2019 y juzgado el 26 de febrero en un proceso empañado por irregularidades. Las autoridades cubanas habían impedido que la prensa, la Unión Europea y Amnistía Internacional observaran el juicio.

 

Las noticias sobre periodistas independientes multados por informar sobre la COVID-19 y su impacto en el país dieron lugar a que se pidiera al presidente Miguel Díaz-Canel que adoptara medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa. La sociedad civil y algunos periodistas también expresaron durante el año su preocupación porque el Decreto Ley 370, relativo a la libertad de expresión en la web, parecía reforzar la red de control y censura digital del gobierno cubano, especialmente durante la pandemia.

 

En marzo, la periodista de CubaNet Camila Acosta estuvo detenida durante varias horas y fue multada por difundir información en Facebook. En septiembre fue detenida de nuevo y amenazada con ser procesada por protestar contra el Decreto 370. El 4 de septiembre, las autoridades dejaron en libertad a Roberto Quiñones Haces, de 63 años, periodista independiente colaborador de CubaNet.

 

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