No es de extrañar que haya dejado plagado de errores su anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, tiene un rosario de pifias memorables, entre ellas la de confundir el latinismo ‘dixit’ con el ratón Dixie o decir aquello de que el dinero público no es de nadie.
La que también fuera ministra de Cultura en la época de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que salir por patas del Ejecutivo sanchista, pero antes ha tenido tiempo de dejar una ‘bomba’ legislativa de muy compleja desactivación.
Según un informe al que ha tenido acceso este 10 de agosto de 2021 el diario ABC, Calvo ha cometido más de un centenar de errores en ese anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, tal y como ha dictaminado la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, dependiente del Ministerio de Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática.
Entre el ramillete de gazapos se puede ver como en el artículo 3 del borrador se hace alusión a «los españoles y las españolas que padecieron deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración, colonias penitenciarias militarizadas, dentro o fuera de España, y padecieron torturas, malos tratos o incluso fallecieron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura o en los campos de concentración nazi».
Según Oficina de Coordinación y Calidad Normativa esa es una pifia capital y lo justifica así:
Conlleva de modo inherente un requisito de nacionalidad para el reconocimiento de la condición de víctima que no es sin embargo preciso en el resto de las categorías de víctimas reconocidas en este artículo. El supuesto así enunciado podría excluir de la condición de víctima a los extranjeros que se encontraran en España durante la Guerra Civil y padecieran esas mismas penosidades.
En el apartado 1 de ese artículo 3 se atribuye la condición de víctimas a «las personas que se exiliaron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura».
La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa rebate el texto de Calvo y señala que puede haber más motivos para el exilio que motivos políticos:
Se advierte que el discernimiento del motivo del exilio y su acreditación práctica puede presentar dificultades prácticas, tanto para quien solicita ser reconocido como víctima, como para quien ha de decidir sobre la solicitud.
Tampoco quedan claros los criterios a la hora de elaborar un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura. Según el departamento encargado de corregir el texto de Calvo:
Se recomienda concretar los criterios a observar por la norma reglamentaria que deba desarrollar los extremos relativos a la composición de esta comisión, a la extracción de sus miembros y a su forma de intervención en el procedimiento de catalogación, entre otros.
También reclama uniformidad en la terminología empleada:
Convendría unificar material y formalmente las referencias que se hacen a la Guerra Civil, que en unas ocasiones se refiere así, otras como Guerra de España y otras simplemente como Guerra o guerra.
La Oficina también se anticipa a una posible inseguridad jurídica en lo relativo a que el Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la Guerra Civil, la dictadura y el periodo comprendido entre la muerte de Francisco Franco y la aprobación de la Constitución:
Por razones de seguridad jurídica, parece preferible concretar el periodo de fecha a fecha (por ejemplo las ocurridas desde el 18 de julio de 1936 hasta el 27 de diciembre de 1978), en vez de por relación a los sucesos históricos que los delimiten.
