Se le derrumba el castillo de naipes.
Pedro Sánchez comienza a ver como sus mentiras y sus ocultaciones para sacar adelante unos estados de alarma por mor de la pandemia por el coronavirus se caen por su propio peso.
De hecho, el último revés que ha recibido ha sido todo un torpedo que ha dado de lleno en la línea de flotación gubernamental.
Tal y como publica este 4 de diciembre de 2021 el diario ABC, el Tribunal Supremo ha exigido a La Moncloa que haga públicos los informes relativos a los estados de alarma y que, sistemáticamente, ha venido ocultado a VOX, a pesar de que esta formación los había reclamado de manera recurrente.
El problema para Sánchez viene generado por una Abogacía del Estado a la que no le ha quedado más remedio que tener que reconocer la mayor ante el Supremo, es decir que había más informes de los 9 que había remitido al Grupo Parlamentario de Santiago Abascal.
De hecho, la portavoz adjunta de VOX, Macarena Olona, ya se había puesto manos a la obra en el mes de agosto de 2020 al solicitar esa documentación que se le hurtaba por parte del Gobierno.
Ahora el Supremo no solo no archiva la causa emprendida por el partido de Abascal, sino que también le reclama esos informes que ha venido ocultando.
Al rey de la opacidad, Pedro Sánchez, se le pone la cosa de color hormiga, sobre todo porque las evidencias de que se evacuaron más informes que los que remitió Moncloa a VOX son más que palpables.
Se tiene el convencimiento de que existen cinco informes que siempre se han querido esconder: dos sobre los decretos del 14 y el 17 de marzo de 2020 alusivos al estado de alarma, otro sobre la procedencia de la primera prórroga, uno sobre el ‘plan de desescalada’, y otro más sobre la prórroga de seis meses del segundo estado de alarma decretada en octubre de 2020.
Como bien señala el editorial del diario dirigido por Julián Quirós, poca fiablilidad puede transmitir este Gobierno socialcomunista después de conocerse las declaraciones de Yolanda Díaz:
Buena muestra de que Sánchez actuó a sabiendas de que el objetivo era controlar sin fugas todo tipo de información que pudiera retratarlo como un presidente que contraviene informes jurídicos esenciales es lo que acaba de ocurrir con las revelaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dentro del Consejo de Ministros había un discurso, y fuera, otro muy distinto.
Y reclama que la Justicia debería de actuar o, cuando menos, que el presidente del Gobierno se sometiera a una comisión de investigación:
Ahora, con el daño hecho, cobra todo el sentido que, como adujo el 3 de diciembre de 2021 el PP, actúe la Fiscalía, al menos para investigar. Y que, como mínimo, Sánchez tuviera la gallardía de someterse a una comisión de investigación parlamentaria, porque no es posible priorizar el tacticismo oportunista sobre la muerte de más de 100.000 personas.
El Supremo tiene la obligación de acceder a los dictámenes ocultos, y todos los españoles, el derecho a conocerlos. Que a nadie le quepa duda de que si fueran favorables para Sánchez, ya estarían en notas de prensa de La Moncloa masivamente difundidas. Esto no va de filibusterismo gubernamental. Va de democracia, de transparencia y de verdad.
