Los supuestos informes son de índole terapéutica, psicológica y de conducta

Marlaska esconde los informes que preparó para ayudar a más de una docena de etarras

Los presos de ETA salen beneficiados ante la situación

Gonzalo Pinilla

06 Abr 2022 - 10:48 CET

Archivado en: Fernando Grande-Marlaska | Gobierno

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En el año 2000 volvió a ocurrir: un asesinato perpetrado por ETA. Más específicamente, un asesinato a Ernest Lluch, antiguo ministro de Sanidad y Consumo. Un año antes de su muerte, el exministro hizo públicas unas palabras, haciendo referencia a los etarras.

«Gritad más, que gritáis poco. Gritad, porque mientras gritáis, no mataréis».

El 21 de noviembre del año 2000, fue encontrado muerto, a causa de dos tiros, en su garaje.

Ernest Lluch, asesinado por ETA

Marlaska, el salvador de los etarras

La política de acercamiento a presos etarras ya es una realidad. Dicha política, promovida y realizada por Fernando Grande Marlaska, ha sido considerada como «traición» del Gobierno por todas aquellas personas que han sufrido en primera persona los hechos y las acciones realizadas por los terroristas vascos.

Las víctimas están completamente seguras de que todo esto está relacionado con los lazos tan estrechos que poseen los socialistas con Bildu. Esta teoría tiene mucho sentido y, de hecho, está ampliamente relacionada. Según información revelada por El Debate, el ministro de interior Marlaska proporcionaría ayudas y defendería a más de una decena de etarras.

Además, en dos escritos realizados por Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, pone aún más en evidencia esta protección de terroristas fomentada por Marlaska, según El Debate, que pone en cobertura al propio Gobierno para así evitar que se den a conocer las justificaciones de los privilegios concedidos a los delincuentes.

Trata de ocultar las ayudas

Por si esto no fuera suficiente, el departamento que se encuentra bajo las órdenes de Marlaska se niega a dar explicaciones respecto a este tema, lo que detona un aire de sospechas. Alegan que «el expediente que justifica la clasificación y traslado de cualquier interno contiene datos personales para cuyo acceso y pública difusión sería necesario contar con el consentimiento de su titular». Cabe destacar que esto no lo ha solicitado el Ministerio.

Asimismo, asegura que «se trata de expedientes compuestos por informes de conducta, psicológicos y de carácter terapéutico, con un estatus jurídico de protección similar al de los datos de salud y cuya publicidad puede suponer la revelación de datos de carácter especial».

Esta banda asegura que los presos etarras deben salir de la cárcel, asegurando que si para ello es necesario votar los Presupuestos, lo harán sin problema. Esto dice mucho de ellos. Esto nos asegura que Marlaska y los suyos luchan por defender a los presos etarras. De hecho, ya son 13 etarras los defendidos por él y su acercamiento al País Vasco fue confirmado y comunicado por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias entre los meses de enero y febrero. Los primeros siete traslados que tuvieron lugar fueron aprobados y realizados exactamente el 25 de enero y ahí se encontraban cuatro etarras con delitos de asesinato.

Beneficiados de ETA

Con todo esto, no es sorpresa que los propios presos de ETA salgan beneficiados de toda esta situación. Entre ellos se encuentran Lierni Armendáriz, que fue trasladada de El Dueso a Martutene y que fue condenada en el pasado a 33 años de prisión por el asesinato de Ernest Lluch, José Luis Ruiz Casado, Miguel Gervilla y Francisco Cano. También destaca Ángel Aramburu Sudupe, que fue el responsable del asesinato de Antonio Molina Martín y por el que fue condenado a una pena de 25 años.

En tercer lugar se encuentra el atentado realizado por Asier García Justo y Manuel Miner Villanueva, autores del asesinato del Iñaki Totorika y condenados a casi 100 años de prisión. Los siguientes tres son Víctor Franco Martínez, José Ignacio Reta de Frutos y Xabier Zabalo Beitia. El primero fue condenado a 20 años por el asesinato e incendio de una patrulla de la ertzaintza ; el segundo fue condenado a 6 años de cárcel por haber formado parte del aparato logístico de ETA; el tercero fue condenado a 72 años por el intento de asesinato de un concejal del PSOE en 2001, delitos de estragos, incendio, tenencia de explosivos y de armas prohibidas y de haber colocado una bomba que, por cierto, nunca llegó a explotar.

También está la miembro de del «Comando Madrid», Ana Belén Egües Gurruchaga, que fue condenada a 83 años por asesinato de Luis Ortiz de la Rosa; a 323 años de prisión por el atentado que acabó con l Justo Oreja Pedraza; y a otros 30 años por el asesinato de Pedro Antonio Blanco García.

Francisco Javier Gallaga Ruiz fue condenado a un total de 343 años de prisión por haber formado parte en el atentado de Miguel Ángel Ayllón y, por si no fuera suficiente, fue el responsable de colocar una bomba en 1997 en una urbanización Jardín de la Reina y que mató a Domingo Puente.

Maite Pedrosa Barrenechea fue partícipe del asesinato de Fernando Jiménez Pascual y del ya mencionado Miguel Ángel Ayllón. Fue también culpada del asesinato de Alberto Jiménez-Becerril, concejal sevillano del PP.

José María Dorronsoro Malaxecheberría fue uno de los culpables por el coche bomba a un coche de la Policía Nacional. Además, también está la figura de Luis Enrique Garate Galarza, que actualmente se encuentra cumpliendo condena por el secuestro de Lucio Aguinagalde Aizpurua.

Por último, entre los beneficiados se encuentra Mikel Mirena Otegui Unanue. Fue condenado a 34 años de prisión por el doble asesinato de José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce Etxeberri.