Podemos vuelve a hacer una gran demostración de su pasión por las tiranías bolivarianas.
El partido de extrema izquierda protagonizó una delirante propuesta contra los empresarios de la banca y de las energéticas que repercutan en sus clientes el impuestazo de Pedro Sánchez. En concreto, impulsan la creación de un nuevo delito fiscal que contemple penas de hasta diez años de cárcel.
Una sanción que puede equiparar a los ejecutivos de éstas con homicidas o violadores, en razón de la pena de hasta diez años que proponen los socios de Sánchez.
Es más, de materializarse la propuesta podemita, pirómanos, pederastas o secuestradores podrían enfrentarse a penas menores que las que piden para los administradores de grandes compañías de servicios y bienes de primera necesidad.
Ione Belarra
El propuesto nuevo artículo 284 bis del Código Penal, establecería un castigo de uno a cinco años de cárcel, y una multa de 12 a 24 meses, para los administradores de bancos o eléctricas, que alteren precios de venta a los clientes para trasladar la carga de modificaciones tributarias que afecten a su actividad económica.
Asimismo, incluye un agravante para el caso de entidades que operen en sectores estratégicos de la economía nacional y cuando la conducta afecte «gravemente» al interés general, que eleva la pena de prisión de dos a diez años, al igual que la multa económica, que sube de dos a cinco años. Una propuesta que va contra el más básico de los principios de la legislación criminal, cual es su propia mínima intervención.
Para comprender el despropósito solo hace falta consultar el propio Código Penal que establece para delitos como el homicidio penas de diez a quince años (art.138); para el secuestro (art.163) de cinco a ocho años o para la violación de seis a doce años (art.179).
También saldrá más barato, penalmente hablando, quemar un bosque -de uno a cinco años- o abusar sexualmente de un menor, acto para que la legislación criminal establece una pena de dos a seis años (artículo 186).
Para culminar el dislate de la propuesta, el tipo delictivo donde Podemos quiere incorporar ese artículo 284 bis se encuentra dentro de la sección correspondiente a los delitos relativos al mercado y a los consumidores, cuyo bien jurídico protegido no se configura tanto en atención al contenido patrimonial o al propio orden socioeconómico, como a la integridad de los mercados y la confianza de los inversores que actúan en ellos.
