Un ‘informe oculto’ del Ministerio de Transportes saca a la luz las grandes vergüenzas del rescate a la aerolínea chavista Plus Ultra.
El documento, de 22 páginas y fechado a 18 de febrero de 2021 [cuando José Luis Ábalos lideraba el ministerio], fue publicado en exclusiva por Antonio Naranjo en ‘El Debate’ y permitió conocer cómo se buscó justificar el desembolso de 53 millones de euros de dinero público a la empresa desde la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda dirigido por la hoy número dos del PSOE, María Jesús Montero.
Bajo el epígrafe de «Confidencial», el ‘informe oculto’ de Ábalos reconocía la pésima situación de la aerolínea vinculada a la dictadura venezolana. Por ejemplo, que su actividad era intrascendente (155.000 pasajeros frente a los 29 millones de la primera firma nacional) e, incluso, solo disponía de cuatro aviones, todos ellos de alquiler.
“Al tratarse de un modelo de aeronave de cierta antigüedad, menos eficiente que los modernos bimotores de largo alcance con los que están equipándose la mayor parte de las compañías, su capacidad de competir en mercados de largo radio depende en buena medida del precio del combustible”, precisa el documento publicado por el citado medio.
No es el único aspecto polémico del informe, ya que también reconoce que la compañía estaba en pérdidas desde su fundación en 2015 para ofrecer un servicio de vuelos chárter a Latinoamérica. Una situación que, según explica Naranjo, “en sí mismo es incompatible con liberar partidas del Fondo COVID, creado en exclusiva para ayudar a empresas que entraran en crisis por la pandemia”.
“Plus Ultra ha venido demostrando una posición débil en resultados desde el inicio de su operativa. Desde 2015, todos los años han cerrado sus ejercicios con pérdidas (…), especialmente negativas en 2017, año en el que alcanzaron los 6,7 millones de euros y un margen de explotación del -16.2 %”, cita del documento oficial ‘El Debate’.
También llama la atención que, antes de la aprobación del rescate, en marzo de 2021, la compañía procedía a despedir a al menos 58 de sus 403 trabajadores declarados, y que al resto, reconoce el Gobierno, le aplicó «un ERTE a la mayor parte (…) durante los meses de marzo a agosto de 2020», completado todo con «una reducción salarial que abarcará el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y agosto de 2021».
El informe pone contra las cuerdas a un Gobierno de Sánchez que despilfarró 53 millones a pesar de conocer las pésimas condiciones de la empresa. Un documento que levanta una duda evidente: ¿a qué manos ha ido a parar el dinero?
El propio ‘informe oculto’ da una pista al respecto.
“Se hace preciso remarcar también que, aunque esta compañía ocupa un lugar modesto dentro del sector (…), el número de dichas compañías se ha estabilizado en los últimos años en torno a la veintena (…). Este número es inferior al número de compañías existentes en otros países europeos para los que el sector aéreo es estratégico, como Reino Unido, Francia o Alemania”. A lo que suman como «argumento de autoridad» la supuesta experiencia del equipo directivo de Plus Ultra.
Es decir, citan al «exdirector general de Air Madrid», en referencia a Julio Martínez Sola. Sí, el empresario era el responsable de la extinta aerolínea de nombre madrileño que ya quebró en 2006, dejando a miles de viajeros colgados con su billete pagado y obligándoles a esperar seis años para recuperar, vía juzgados, los importes abonados.
Martínez Sola fundó Plus Ultra de la mano de Fernando González Enfedaque, el otro directivo de la quebrada Air Madrid, que fue apoderado solidario de su antiguo socio en la aerolínea hispanovenezolana rescatada.
Todo un escenario que se vuelve un poco más turbio si se recuerda que apenas mes y medio antes de que la SEPI diera la millonada a Plus Ultra, se produjo el extraño encuentro clandestino en el aeropuerto de Barajas entre el entonces ministro de Transportes y la vicepresidenta venezolana de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, cuyas posibles consecuencias jurídicas quedaron archivadas dejando el episodio en un limbo de misterios sin resolver.
¿Efecto Delcygate?
A pesar de que el entonces Ministro de Transporte intentó quitar importancia a su reunión secreta con Delcy Rodríguez -y a las misteriosas maletas que dejó la vicepresidenta chavista en el Aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez-, el Partido Popular vinculó en mayo de 2021 el encuentro con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El partido pidió al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid que conservase las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad al considerar que puede haber algún tipo de conexión entre esta escala y el rescate a la aerolínea Plus Ultra, apuntando a un posible delito de contrabando.
Es importante recordar que Rodríguez estuvo en el aeropuerto madrileño la noche del 19 al 20 de enero de 2020 de camino a Qatar, a pesar de que las sanciones impuestas por la Unión Europea que le impiden pisar el espacio Schengen.
José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez
Si bien el ‘Delcygate’ quedó definitivamente archivado tanto en los juzgados madrileños (donde se investigaba una presunta prevaricación por parte de los funcionarios que permitieron la presencia de Rodríguez en Barajas) como en el Tribunal Supremo (donde se tramitaba una querella de VOX y el Partido Laócratas contra Ábalos), ahora podrá tomar relevancia en las investigaciones por el polémico rescate.
El PP insistió en que el caso merece una investigación desde otro prisma tras las pesquisas iniciadas por el Juzgado de Instrucción Número 15 por el rescate de 53 millones autorizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «de modo absolutamente incomprensible en términos económicos y jurídicos» a Plus Ultra, «una empresa dedicada a la navegación aérea que tiene evidentes connivencias con el régimen venezolano».
El Partido Popular veía «esencial» conocer los motivos de la SEPI para mantener a flote a Plus Ultra. «Es decir, qué servicios o beneficios están pagando los poderes públicos (y por ende todos los españoles) mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela, o más bien qué clase de tráfico trata de garantizarse, o encubrirse con Venezuela», dice el PP en su escrito.
El PP subraya que, según declaró ante notario un testigo, la ‘número dos’ del régimen de Nicolás Maduro introdujo en España sin control aduanero «abundantes maletas» cuyo origen y contenido se desconocen. Para los de Pablo Casado, es «evidente» que esta actuación «puede ser constitutiva de un delito de contrabando, que hasta ahora no ha sido investigado».
«No es descartable, por tanto, que anulada la posibilidad de repetir en el futuro el mismo procedimiento, empleando para ello aviones oficiales del régimen venezolano, se haya decidido emplear, para continuar introduciendo en España mercancía ilegal, la apariencia de legalidad de un tráfico aéreo ordinario, con una empresa aérea que se rescata para la ocasión», indica.
