La polémica del verano continua.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se queda de brazos cruzados ante la negativa del Ejecutivo de revisar el decreto del plan energético y recurrirá al Tribunal Constitucional por entender que se está «poniendo en cuestión las competencias propias» de las autonomías.
La consejera de Medio Ambiente Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha indicado este lunes, tras el encuentro con la vicepresidenta de Gobierno, Teresa Ribera, que introducirán un recurso de inconstitucionalidad al real decreto de Sánchez por inmiscuirse en las competencias las ligadas al comercio.
«Acabamos de concluir la reunión con las ministras y no hay rectificación por parte del Gobierno. Mantienen la imposición de las medidas al comercio, a los supermercados, al teatro y al cine, por citar algunos de los sectores más afectados. Hemos solicitado una reunión urgente de conferencias de presidentes».
Por su parte, la también ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha dado un portazo a los reclamos de las comunidades autónomas que han criticado el decretazo energético de Sánchez y ha descartado cualquier modificación o retraso en la entrada en vigor. Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia habían solicitado la retirada del mismo. También ha sido criticado por País Vasco y Cataluña.
Ante esta negativa, Ayuso ha redoblado su postura en contra del decreto. «Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España. El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al TC», ha publicado en las redes sociales.
Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España.
El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad.
Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurrimos al TC.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 8, 2022
La ministra de Hacienda María Jesús Montero, también ha salido al choque y en vez de llamar al consenso, ha afirmado que no permitirán que «ninguna administración haga insumisión».
Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha indicado que el decreto «se ha elaborado a espaldas de las comunidades, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales»; al tiempo que ha exigido su retirada inmediata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sánchez, por su parte, ha cargado contra el PP, primero ha calificándoles de «negacionistas», para luego pedirles «unidad, responsabilidad y solidaridad».
Polémico decreto
Las medidas de ahorro energético por las formas y no por el fondo. El mismo Alberto Núñez Feijóo reconocía que había que tomarlas. Lo que no es de recibo es que el Ejecutivo haya hecho una chapuza con un plan realizado a última hora y sin la participación ni de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos, que en última instancia son quienes deberán velar por su cumplimiento.
Por eso, una vez dadas a conocer, se han encontrado con las criticas de todos los que no forman parte del PSOE. De Díaz Ayuso en Madrid, a Urkullu en el País Vasco.
Como señala el vicepresidente de Madrid, Enrique Ossorio, el decreto es inaplicable por sus fallas evidentes. «Esto es inaplicable desde el punto de vista sancionador porque no se ha especificado cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos».
«Todas las normas restrictivas de derechos y sancionadoras tienen que estar perfectamente delimitadas. Si la ley no dice cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates y un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley».
