Un viejo vídeo de Pedro Sánchez dejó a Nadia Calviño ‘con el culo al aire’.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos cargó contra Alberto Núñez Feijóo por defender que se vuelva a tipificar en el Código Penal el delito de referéndum ilegal.
Para la socialista, la iniciativa supone que el líder de los populares «parece» estar «alineándose con las posiciones más extremas del PP». Además, le acusó de “querer contribuir a la crispación” desde su salida de la Junta de Galicia.
Irónicamente, la propuesta de Feijóo fue también defendida por el propio Pedro Sánchez durante la campaña electoral de 2019.
Ahora, un vídeo de la hemeroteca pone contra las cuerdas a Calviño, quien tendrá que justificar por qué la propuesta convierte al líder del PP en un “extremista”, mientras que resulta normal cuando la hace el líder del PSOE.
Incluso, el senador del PP Rafael Hernando aprovechó la ‘amnesia’ de la ministra para meterle un ‘zasca’ en redes: “A ver si los del gobierno se organizan un poco para atacar o insultar a Alberto Núñez Feijóo. Hoy Nadie Calviño le ha llamado extremista por proponer penalizar la convocatoria de referéndums ilegales Lo mismo que prometió Pedro Sánchez en campaña electoral. Éste mentía”.
A ver si los del gobierno se organizan un poco para atacar o insultar a @NunezFeijoo
Hoy Nadie Calviño le ha llamado extremista por proponer penalizar la convocatoria de referéndums ilegales
Lo mismo q prometió @sanchezcastejon en campaña electoral
Éste mentía pic.twitter.com/5TeSY2tdsQ
— Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) August 20, 2022
Las palabras de Sánchez son de noviembre de 2019, cuando en el debate electoral de RTVE propuso una reforma del Código Penal para que la convocatoria de un referéndum ilegal sea considerada de nuevo un delito.
Es decir, así como pide ahora Feijóo, recupera una figura delictiva que fue suprimida en 2005 por iniciativa del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Es importante recordar que entre 2003 y 2005, el Código Penal incluyó el delito de convocatoria ilegal de referéndum castigado con prisión. Lo incorporó en la máxima ley penal el Gobierno del PP de José María Aznar en noviembre de 2003, después de que el entonces lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe, anunciase que si su plan soberanista —aún en su fase inicial— no era finalmente aceptado por el Congreso de los Diputados, convocaría un referéndum en Euskadi.
Ese nuevo delito creado por el Gobierno del PP en el artículo 506bis del Código Penal —“delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum”— estaba castigado con entre tres y cinco años de cárcel, y hasta 10 años de inhabilitación.
Posteriormente, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó al Parlamento la derogación de ese artículo del Código Penal en junio de 2005, alegando que la convocatoria ilegal de referendos no tenía “la suficiente entidad como para merecer el reproche penal y, menos aún, si la pena que se contempla es la prisión”.
“El derecho penal se rige por los principios de intervención mínima y proporcionalidad […] El ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal”, argumentó el Gobierno para eliminar el delito creado en 2003 y contó con el voto en contra del PP.
Ahora, el PP presionará para que se vuelva a modificar el Código Penal, mientras que los socialistas vuelven a demostrar sus bandazos en la política. Incapaces de recordar siquiera las promesas que realizaron pocos años atrás.
Calviño contra la hemeroteca
En aquél lejano septiembre de 2021, Calviño aseguraba que la inflación “no le preocupaba a corto plazo” y consideraba era “un fenómeno transitorio”. La ministra decía además, que la recuperación “estaba en marcha” y era “muy intensa”, y que no se trataba de un mero rebote debido al parón por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus sino que se sostendría durante años.
Luego de meses de seguir con lo de ‘inflación pasajera’, en mayo de este año, la dirigente de la cartera de Economía afirmaba que “ya hemos dejado atrás el pico de inflación en marzo y estamos en esa senda de desaceleración y vamos a tomar todas las medidas para que sea lo más rápida posible”.
Sin embargo, y como era previsible, la realidad ha sido otra. “Tenemos que prepararnos para un alza de los precios de la energía que va a continuar porque hasta que acabe la guerra no acabará el factor desencadenante de esta inflación”, asegura ahora Calviño, que parece que por fin afrontará la realidad económica que vive España desde hace más de un año.
Por supuesto, los usuarios le han caído encima a Calviño por no solo no hacer su trabajo sino por vivir en una realidad paralela en la que parece que ni va al mercado, ni llena el depósito del coche ni sale a la calle.
Tristemente, esta negación del panorama económico trae como consecuencia que los bolsillos de las familias españolas sean los que más sufran la dejadez de un Gobierno que está más centrado en encontrar cortinas de humo -como la ministra Montero con la cumbre de la OTAN- y que lo único que busca es mantenerse en La Moncloa a cualquier precio, incluso destruyendo las instituciones del Estado que se alejen del relato oficial, como ha ocurrido con el CNI, Indra o más recientemente con el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyo director tuvo que dimitir ante las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez.
