Solo días después de la gran manifestación de los policías y guardias civiles contra el ministro de Sánchez

Marlaska, contra las cuerdas: Obligado a publicar sus gastos en 10 días

El Consejo de la Transparencia reclama al Ministerio del Interior que facilite los gastos del ministro

Fernando Grande-Marlaska
Fernando Grande-Marlaska PD

Fernando Grande-Marlaska tendrá que publicar las cuentas que tenía guardadas con tanto recelo.

El Consejo de la Transparencia exige al Ministerio del Interior que desvele el importe del presupuesto dedicado a cubrir los gastos ocasionados por Grande-Marlaska, así como por los directores de Policía Nacional y Guardia Civil, Francisco Pardo y María Gámez, respectivamente, durante el desempeño de sus funciones en 2021.

Tras encontrar injustificada tal opacidad de dicha información, el ministro socialista está obligado a ofrecer los presupuestos en el plazo de 10 días, según desvela el diario ‘The Objective’ tras acceder a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

El citado medio indica que en el escrito se conoce que Interior no ha dado respuesta ni presentado alegación alguna a la reclamación que hizo un ciudadano, en enero de este año sobre esta cuestión, en el ejercicio de su derecho al acceso a la información pública, según recoge el artículo 13 de la Ley de transparencia.  

Según consta en el expediente, el reclamante solicitó al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska el importe abonado por los gastos del ministro y de los directores de Policía Nacional y Guardia Civil. En concreto, datos totales que se desglosasen en conceptos de «locomoción, manutención, alojamiento o atenciones protocolarias».

Ocho meses después, pese a que este ciudadano interpuso una reclamación en marzo y el Consejo de Transparencia la remitió al Ministerio del Interior para que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas, desde este departamento no se facilitado todavía ningún tipo de respuesta al reclamante en «el plazo legalmente establecido». Todo ello, «sin que conste causa o razón alguna que lo justifique», dice Transparencia. 

El «proceder» de Interior, esgrime este departamento, «dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta autoridad administrativa independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información».

Esa falta de respuesta, sin embargo, «no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública». Así las cosas, una vez agotado dicho margen y de acuerdo con el reglamento que rige este organismo, el Consejo ha instado al departamento de Marlaska a que, «en el plazo de 10 días hábiles, remita la información» al reclamante.

Fernando Grande-Marlaska

Fernando Grande-Marlaska

Rechazo a Marlaska

Más de 17.000 personas participaron en la manifestación convocada por el sindicato de funcionarios CSIF, a la que se ha sumado la organización policial Jusepol, para exigir al Ejecutivo una subida salarial «justa» y medidas económicas eficaces contra la inflación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno que actualice los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo y que negocie una subida salarial plurianual para compensar el poder de compra mermado desde 2010, dando así ejemplo al sector privado.

Demandan, al mismo tiempo, medidas económicas «eficaces» que ayuden a trabajadoras y trabajadores a combatir la subida de los precios, que garantice unos servicios públicos de calidad, aportando los recursos necesarios y un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

A la marcha, en la que según los convocantes han participado «cientos de miles de trabajadores», se ha unido el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, que ha criticado el comportamiento «hipócrita» de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por pedir a los empresarios que suban el sueldo de los trabajadores por cuenta ajena, mientras que el Gobierno no hace lo mismo con los funcionarios públicos.

También ha acudido a la protesta la exdiputada nacional de VOX, Macarena Olona, que ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los manifestantes y se ha fotografiado con algunos de los asistentes. En un mensaje escrito en su cuenta de Twitter, ha pedido a los funcionarios «fuerza y honor» y ha señalado que está «prohibido rendirse».

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