Pedro Sánchez está hiriendo de muerte a la democracia española.
Tras sus pactos con separatistas, indultos a golpistas y asalto al Código Penal, ahora el presidente del Gobierno avanza en su embestida al Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional decidió aplazar hasta el lunes 19 de diciembre la decisión sobre si paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio Constitucional que se pretenden aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados a través de enmiendas a la reforma del Código Penal.
El PP había solicitado al Constitucional que suspendiera de forma cautelarísima la votación de esta tarde. Sin embargo, el Pleno extraordinario del tribunal de garantías convocado a tal efecto ha decidido que deber resolver primero sobre las recusaciones de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.
La recusación de estos dos magistrados está promovida por Podemos. En un escrito presentado esta misma mañana, desde el partido de extrema izquierda explican que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) «es causa de abstención y, en su caso, de recusación ‘tener interés directo o indirecto en el pleito o causa’». Y en este caso, señalan, «los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales».
Pedro Sánchez
González-Trevijano y Narváez son dos de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos dos fueron los nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros dos que continúan en funciones -el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares- fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).El PSOE también ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional por el cual pide al Pleno que rechace la medida cautelarísima solicitada por el PP –que evitaría el asalto de Sánchez al Poder Judicial–al considerar que, de hacerlo, se provocaría «una perturbación en un interés constitucionalmente protegido», como la potestad legislativa.
Los magistrados del PSOEEl presidente del Tribunal Constitucional ha decidido aplazar el Pleno a instancias de un escrito presentado por los cinco magistrados designados por el PSOE con la excusa de disponer del «tiempo indispensable» que les «permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana». Todo ello, han asegurado, les «imposibilita poder participar en la deliberación y votación».
Este grupo lo componen los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez y las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán.
Polémica votación
El Congreso celebra este jueves 15 de diciembre un pleno extraordinario para la aprobación de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación. Además, el Gobierno ha aprovechado la iniciativa para forzar una rebaja de las mayorías necesarias para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
PSOE y Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales. La reforma asegura a Sánchez contar con una mayoría progresista en el máximo garante de la Carta Magna.
Además, la proposición de ley suprime por completo el delito de sedición y rebaja el de malversación. Delitos por los que fueron condenados los dirigentes del procés. En el caso de la malversación, se crea un nuevo delito para tipificar el desvío de dinero público a un fin distinto al original.
Aprobación
La controvertida reforma para derogar el delito de sedición, modificar el de malversación y cambiar las mayorías para renovar el Tribunal Constitucional (TC) se aprobó con 184 votos a favor, 64 noes y una abstención. Los diputados del PP no han emitido votos.
Gamarra habló una vez acabada la votación «para dejar constancia: este grupo parlamentario no ha votado ya que esta votación no debería haberse producido en los términos que se ha producido» y alegó que está pendiente de la decisión del Constitucional. «En un momento tan crítico como este no vamos a votar», sentenció antes del cierre de la sesión.
Estos asuntos serán tratados en ‘La Segunda Dosis’ de este jueves, 15 de diciembre de 2022, junto a director adjunto de Libertad Digital, Carlos Cuesta; el periodista Álex Navajas; y el inspector de Policía, Serafín Giraldo.
