No hay un día sin su afán.
El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez hace a diario un ejercicio didáctico para dar a conocer a todo el pueblo español cuáles son sus preferencias y sus socios de referencia.
A la vista de los acontecimientos queda más que patente que el Ejecutivo sanchista está entregado de pies y manos a lo que le ordenen sus socios de investidura / legislatura.
Y dos de esos ‘caseros’ son el PNV y EH Bildu, dos formaciones que se han puesto a competir entre sí por ver quién de las dos consigue abanderar el ‘logro’ de poner en la calle a todos los presos de la banda terrorista ETA.
El primer paso, obvio, es posibilitar su acercamiento, algo que desde Fernando Grande-Marlaska está al frente del Ministerio del Interior parece pan comido.
Los tres últimos nombres de presos que están ya muy cerca de sus domicilios en el País Vasco, Fernando García Jodrá, José Ignacio Cruchaga y José Luis Barrios, ponen los pelos como escarpias.
Los dos primeros fueron autores materiales del asesinato del que fuera ministro de Sanidad en el Gobierno de Felipe González, Ernest Lluch.
El último se cargó al matrimonio conformado por Alberto Jiménez-Becerril, concejal del PP en Sevilla, y su mujer, Ascensión García.
«Una humillación»
Como no podía ser de otra manera, la Asociación de Víctimas del Terrorismo saltó ante esta nueva dádiva de Interior a tres miembros más de la sanguinaria banda terrorista.
La AVT define de esta manera el chantaje del partido de Arnaldo Otegi, que ha conseguido que solo haya ya 14 etarras cumpliendo penas en cárceles que no pertenecen ni a Navarra ni al País Vasco:
Los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo.
Denuncian que los etarras no han mostrado siquiera el más mínimo arrepentimiento:
Sin colaborar con la justicia, sin arrepentirse, sin haber pagado su deuda con la sociedad. El Gobierno y sus socios están permitiendo que todos estos asesinos vayan poco a poco consiguiendo terceros grados, algo que solamente está intentando frenar la Audiencia Nacional. Si fuera por ellos, ya estarían todos en la calle.
También ponen en el punto de mira a la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, a la que acusan de mentir cuando asegura que se avisa con tiempo a los familiares de asesinados por ETA de que algún preso va a ser trasladado a cárceles del País Vasco o próximas a ese territorio:
Es un incumplimiento extremadamente grave de sus funciones, puesto que según el Ministerio del Interior del Gobierno de España a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo le corresponde el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio en materia de atención y apoyo a las víctimas del terrorismo.
