Pilar Alegría lanzó una clara advertencia a los jueces que están investigando los delitos vinculados con el ‘Procés’.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, la ministra de Educación y nueva portavoz del Gobierno fue preguntada por la petición del juez Manuel García-Castellón a las autoridades helvéticas para determinar la localización de Marta Rovira Vergés (ERC) y que le remita los datos de una cuenta del CIM Banque Privée. A esto último Suiza ya respondió en 2020 que no iba a ofrecer los datos.
La portavoz de Pedro Sánchez empezó su respuesta defendiendo la separación de poderes, pero el discurso le duró muy poco y rápidamente pasó a lanzar una clara advertencia a los magistrados.
“Al magistrado García-Castellón máximo respeto. Siempre hemos trasladado desde el Gobierno de España respeto a la separación de poderes y, por tanto, respeto a las distintas resoluciones judiciales. Esta portavoz no está para trasladar opiniones sobre las resoluciones judiciales, está para respetarlas”, indicó Alegría.
Sin embargo, cambió radicalmente el tono al matizar: “Ahora bien… si me parece importante resaltar una cuestión fundamental: la hoja de ruta del Gobierno de España con respecto a la agenda de convivencia con Cataluña. Es una hoja coherente, desde el primer día”.
Y añadió un recadito para los jueces del país: “El Gobierno ha aprobado medidas que clara y objetivamente han mejorado la convivencia en Cataluña y ese es el camino que queremos seguir transitando. Porque nos parece fundamental que los problemas políticos se resuelvan desde la política”.
“Este es el camino por el que vamos a seguir transitando”, recalcó.
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— Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 22, 2023
Una petición incómoda para Moncloa
«Entre las personas contra quienes se dirige el procedimiento se encuentra Marta Rovira Vergés, respecto de quien es notoria y pública su residencia en el territorio la Confederación Helvética«. Así comienza el juez que de Tsunami Democràtic su segundo intento de que Suiza colabore con la investigación en torno a la plataforma que en 2019 dirigió las protestas contra la sentencia del procés.
El juez explica en la comisión rogatoria que la nueva solicitud se debe a que tras esa primera negativa se ha imputado a Rovira un presunto delito de terrorismo, lo que debería bastar para cambiar la actitud suiza. «La Confederación Helvética (Suiza) firmó el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo el 11/09/2012, fue ratificado por este país el 25/03/2021, y entró en vigor el 1/07/2021, es decir, con posterioridad a la emisión de la anterior Comisión Rogatoria Internacional».
Ese convenio, recuerda el magistrado español, establece que «los delitos terroristas […] sean quienes fueren sus autores, no son en ningún caso justificables con consideraciones de naturaleza política», así como «la obligación de las Partes de prevenir tales actos y, en su defecto, de perseguirlos y de asegurarse de su castigo».
El juez traslada a las autoridades suizas que la investigación ha permitido sostener que Tsunami «fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, integrada por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva». Es decir, una organización terrorista.
