Moncloa ha puesto en marcha su habitual protección en torno a Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior se enfrenta a la tempestad provocada por la denuncia contra José Ángel González, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. Una inspectora lo ha acusado de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Desde julio de 2025 está de baja y, según su abogado, se sintió «desprotegida y rota» ante la reacción del Ministerio. El Gobierno sostiene que actuó con «contundencia» al enterarse del asunto por la prensa este martes. Pedro Sánchez, desde Nueva Delhi, defendió la gestión: «empatía, contundencia y coherencia».
La versión oficial es contundente: nadie en Interior tenía conocimiento del asunto hasta que salió a la luz pública. Marlaska asegura que, si hubiera tenido información previa, habría exigido la renuncia inmediata de González. Se inició una investigación interna y se apartó al mando en cuestión de horas. Sin embargo, la oposición es escéptica. El PP exige su dimisión inmediata, argumentando que un ministro no puede desconectarse de su entorno cercano. Miguel Tellado y Jaime de los Santos van más lejos: si hubo ocultamiento, «no basta con dimitir; debe actuar la Justicia». Califican el caso como «repugnante e imperdonable».
Marlaska eleva su postura: solo dimitirá si la víctima siente que le falló en cuanto a protección. Fuentes gubernamentales reiteran su «confianza total». Este no es el primer desafío para el juez convertido en político, quien ha navegado ya por crisis migratorias y tensiones internas desde 2018.
El historial de un ministro
Grande-Marlaska ha acumulado escándalos casi como si fueran medallas. Ha superado crisis en Canarias, ceses polémicos y enfrentamientos con la Guardia Civil. Ahora, ha decidido posponer su «plan de salida» de Moncloa. El Gobierno asume costes para no ceder ante el PP, dejando el asunto en manos de la Justicia. La denuncia fue admitida en enero pero notificada esta semana; incluye filtraciones que revelaron la identidad de la denunciante. ¿Encubrimiento o caos estructural? Para la oposición es una muestra clara de incompetencia; para el Ejecutivo, un problema aislado del DAO.
En el Congreso, la sesión de control se convirtió en un espectáculo caótico. Se vivieron momentos tensos contra Marlaska, quien repitió su mantra sobre desconocimiento total del caso. Moncloa impone ahora una especie de «ley del silencio» para evitar revivir pesadillas pasadas como el caso Salazar. La comparecencia programada para Marlaska el 25 de febrero ante la comisión de Interior promete ser intensa: abordará temas como las balizas V16 y también tocará este escándalo.
