¿Qué esconde el caso del Bar Faisán para que la Fiscalía quiera enterrarlo?
¿Qué espera Garzón para activar el sumario del bar ‘Faisán’? ¿Es una amenaza del juez estrella para no tirar de la manta antes de ser empurado por prevaricar? ¿Está manejando los tiempos de cara a las próximas elecciones vascas? Mientras el Gúrtel sacude los cimientos de la calle Génova, seguimos sin saber toda la podredumbre que esconde la Operación Faisán y los nombres del posible autor del chivatazo en la época que en ZP se afanaba en complacer a los terroristas.
¿Se hizo esa llamada desde un teléfono cercano a la sede del PSOE en Ferrraz o hay que apuntar a el mismísimo director general de la Policía, Víctor García Hidalgo y a sus estrechas relaciones con el socialismo vasco?
¿Qué esconde el caso del Bar Faisán para que la Fiscalía quiera enterrarlo? ABC señala que el archivo del «soplo» a ETA pondría en peligro ocho años de investigación policial. Tres años ha pasado el Faisán sin que se sepa quién dio la orden de hacer la llamada, una de las más truculentas operaciones del Estado que salpicaría a Garzón y Rubalcaba y que debería ser investigado hasta sus últimas consecuencias.
En esa Operación Faisán, donde todo huele a descomposición, se probó que la trama de extorsión operaba desde el sur de Francia, aunque tenía tentáculos en España, que eran precisamente los que, según dijo el Ministerio del Interior en su día, eran los intermediarios de la banda. Como señala ABC en su editorial, «la confusión moral que propició aquel proceso de negociación, en el que hubo quienes no sabían diferenciar a víctimas de verdugos, llegó a su culminación con este «soplo» policial que pretendió la impunidad de los recaudadores de ETA».
El «chivatazo» es una de las tres partes en las que está dividido el abultado sumario, que incluye además el envío de cientos de cartas de extorsión a empresarios y particulares, así como las cuentas bancarias de Elosúa en paraísos fiscales europeos.
LO QUE HAY EN EL SUMARIO DEL BAR FAISÁN
El sumario -según informa ABC- incluye años de grabaciones de vídeo, cientos de escuchas y seguimientos, documentos intervenidos a dirigentes de la banda, entre ellos José Fernández Iradi, «Susper» o Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote»; remesas de cartas de extorsión y justificantes de pago de empresarios acreditados por la banda («salvoconductos» que eximen de atentados); informes periciales de Policía Científica que acreditan la procedencia de los envíos; cotejos de huellas y documentos de etarras, que se remontan a los años 80, como las de Eloy Uriarte, «señor Robles».
- También aparecen declaraciones de miembros de la banda en las que se señala a algunos de los pagadores, entre ellos cocineros, y lo que constituyen gran parte del sumario: escuchas policiales entre todos los implicados y con terceros, como las del dirigente del PNV ya fallecido, Gorka Agirre. Además de hablar de supuestos pagos (en lenguaje críptico) y de cuestiones personales, algunos de los implicados actúan como «oficina de empleo» de etarras que están pasando por un mal momento.
Y no sólo se trata de empresarios vascos y navarros. En el sumario figuran decenas de denuncias de empresarios aragoneses chantajeados de forma masiva entre 2003 y 2004, en una campaña dirigida a todo tipo de sectores.
En el sumario no figuran pagos acreditados de estos empresarios. La Policía aporta información patrimonial de los principales implicados, sobre su situación laboral, en desempleo en algunos casos, pero que no les impide recibir ingresos millonarios en sus cuentas corriente, caso de Elosúa. Ese dinero para los investigadores sólo tiene una procedencia: la extorsión.
