Podríamos citar la corrupción socialista en Estepona, en Mercasevilla o la millonaria subvención a la empresa de la hija de Manuel Chaves; también el chivatazo a los extorsionadores de ETA en el bar Faisán, pero hoy no toca
El volumen del saqueo del Palau de la Música y el Orfeó Català no ha sido motivo suficiente para que el juez Juli Solaz dicte órdenes de más envergadura que la simple libertad con cargos para los dos principales encausados, Fèlix Millet y Jordi Montull.
La petición de las acusaciones particulares y del fiscal de acordar prisión provisional cayó en saco roto.
Tampoco indujo al señor magistrado a aplicar medidas cautelares de mayor entidad el riesgo de destrucción de pruebas, que de hecho ya se ha producido, la alarma social y el riesgo de fuga, que indirectamente reconoció al retirar el pasaporte a Millet y Montull.
Aquí en España, donde este verano hemos visto como se conducía esposados por la mano derecha para que salieran en la foto a unos dirigentes del PP o se explica cada día en los periódicos el celo de policías, jueces y fiscales a la hora de indagar en la trama Gürtel, es indudable que se aplican dos varas de medir.
Podríamos citar la corrupción socialista en Estepona, en Mercasevilla o la millonaria subvención a la empresa de la hija de Manuel Chaves. También el chivatazo a los extorsionadores de ETA en el bar Faisán, pero hoy no toca.
Después del paseo de Millet y Montull por el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, y del anuncio de su libertad provisional, a la ciudadanía le queda la sensación de que ante determinada delincuencia de cuello blanco y de un elevado rango social y económico, los jueces casi siempre reaccionan igual: con benignidad y hasta con afabilidad.
Como si, con relación a de estos delincuentes, no existiese ese Poder Judicial que caracteriza al Estado de derecho. Es muy grave y expresa una profunda crisis de la democracia.
Los precedentes son muy abundantes. Los grandes procesos contra la delincuencia financiera de esta década han concluido en archivo, sin necesidad de llegar a juicio, como el descomunal fraude fiscal atribuido al presidente y otros ejecutivos del Banco Santander, o en absoluciones, como las cuentas secretas del BBVA en la isla de Jersey -con el correspondiente fraude fiscal, los fondos de pensiones contratados por los consejeros de esa entidad con cargo a dichos fondos, el tráfico de influencias en la Bolsa del actual presidente de Telefónica, y así sucesivamente.
Con independencia de que la decisión del juez se atenga a derecho, y de las razones que hayan alimentado su benevolencia, lo cierto es que las implicaciones del caso -financieras, sociales y políticas, la cuantía de lo defraudado, presumiblemente muy superior a las cantidades entregadas por Millet y Montull al dar al juez la carta en la que admiten los manejos llevados a cabo, y las investigaciones en curso hacían pensar en otras medidas.
En todo caso, el reembolso de una parte del dinero sustraído por Millet y Montull de los caudales que debían administrar se antoja una pobre atenuante para justificar el desenlace de la primera declaración de ambos ante el juez.
Si a todo ello se suma que Solaz ha tardado tres meses en citar a declarar a los imputados, es harto comprensible la sorpresa por las medidas que ha dictado. Los medios de comunicación y los nuevos gestores del Palau han tenido acceso a demasiada información como para relativizar la importancia de todo lo sucedido.
Resulta asimismo insuficiente suponer que anima a Millet y Montull la buena voluntad de reparar por completo el daño causado; al menos en otros casos en los que han sido perjudicadas en sus economías instituciones públicas y privadas, el criterio de los tribunales no ha sido este.
EL JUEZ VETÓ UNA PREGUNTA SOBRE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS
Un abogado lo intentó, pero el juez Juli Solaz fue rápido. No le fallaron los reflejos y no dejó al letrado que continuara con su pregunta.
Y es que la cuestión iba dirigida a saber algo más de los convenios firmados por la fundación y la asociación Orfeó Català con la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y por los que esta última entidad percibió 630.000 euros en varios años.
