Su solución a la crisis del Alakrana es simple: cambiar de autor a cómplice la participación del pirata en el secuestro y rebajar así su condena a 36 penas de menos de 2 años
Francisco Javier Díaz Aparicio, el nuevo abogado de Abdu Willy, uno de los piratas que intervinieron en el secuestro del barco Alakrana, es un hueso duro de roer.
Especialista en llegar a acuerdos, penalista brillante y un experto en casos de narcotráfico, no ha desvelado todavía quién paga su minuta en el caso del pirata, pero quienes le conocen dan por supuesto que cobrar, cobra.
EL PAGO DE LA MINUTA
La respuesta del letrado Díaz Aparicio es rápida y directa:
«Ningún abogado trabaja gratis».
«Entiendo el interés informativo, pero permítanme no responder a esa pregunta».
Varios medios han publicado que en la Cadena Ser, el propio abogado había insinuado que podría estar cobrando de una partida de los Fondos Reservados del Ministerio del Interior.
«Eso es un bulo informativo, yo nunca he dicho que el Gobierno me ha haya contratado y tendrá que dar explicaciones quien lo haya difundido».
«Hay una posibilidad, que el Gobierno contrate a la defensa, algo que ocurre excepcionalmente, con fondos reservados, pero no puedo contestar si estoy contratado por el Gobierno o por el detenido».
El ministro Miguel Ángel Moratinos, negó que el Gobierno pague el abogado.
ZAPATERO MANDÓ TRAER A LOS PIRATAS QUE AHORA QUIERE EXPULSAR
La Abogacía del Estado, por orden del Gobierno, denunció ante el Juzgado Central de Guardia de la Audiencia Nacional a las 2.20 del pasado 4 de octubre el secuestro del atunero vasco Alakrana, para judicializar la situación del buque y poder llevar a España a los piratas capturados en el Índico.
Es decir, que fue el propio Gobierno Zapatero, por orden personal del presidente, el que inició el trámite para traer a España a los mismos dos piratas que ahora intenta desesperadamente extraditar.
Cuando la denuncia se presentó, ni la Abogacía del Estado ni el juez Baltasar Garzón -en funciones de guardia porque su compañero Santiago Pedraz estaba con permiso de paternidad- sabían que los piratas estaban ya capturados.
Por eso, ni la denuncia del Abogado General del Estado ni el auto que Garzón dicta una hora más tarde, sobre las tres y media de la madrugada, mencionan a los detenidos.
El momento de la detención de los dos piratas, sobre las 21.00 del día 3, sólo lo conocía el Ejecutivo. El juez y el fiscal supieron la hora exacta de la captura cuando los piratas fueron entregados en España.
LA LEY DE EXTRANJERÍA COMO SOLUCIÓN
Díaz Aparicio dice que lo tiene claro y que el caso se puede resolver a través de la Ley de Extranjería -se puede expulsar al somalí en menos de diez días- y matiza:
«Tiene que ser la Fiscalía quien promueva el acuerdo».
Su solución a la crisis del Alakrana es simple: cambiar de autor a cómplice la participación del pirata en el secuestro y rebajar así su condena a 36 penas de menos de 2 años. A partir de ahí, y con la Ley de Extranjería, «Abdu Willy» podría ser expulsado inmediatamente de España.
Todo apunta a un juicio rápido, aplicando el articulo 38 del Código Penal, que termine con 36 penas de dos años por complicidad en delito de detención ilegal. Y expulsión. Si el Fiscal es diligente, en una semana estaría hecho.
CONTACTOS CON LA FISCALIA
Díaz Aparicio asegura haber expuesto esta vía al teniente fiscal de la Audiencia, con quien mantuvo un breve encuentro. En medios fiscales se asegura que se le recibió «por cortesía, como a todos los abogados» y que el letrado se limitó a entregar su tarjeta.
«Si llega el caso y tenemos un juicio de otra naturaleza, discutiremos desde el principio hasta el final».
«Lo primero es fijar los hechos: es un hecho probado que fueron capturados en un bote, no a bordo, no es lo mismo un secuestro de dos días, que uno de 40 o haber llevado agua al barco».
A los que le acusan de estar retorciendo la ley y ayudando a un facineroso a irse de rositas, les replica:
«La perversión no la comete la defensa, la hará la fiscalía o el Gobierno, la defensa hace lo que tiene que hacer».
«Reitero que lo ha hecho la defensa es ponerse a disposición de la Fiscalía, tanto si hace un juicio rápido como si no».
LA EXPULSION
La expulsión no le parece complicada, pero subraya que tiene que haber antes un jucio:
«Se le expulsa como a cualquier extranjero y el encaje está en una cooperación de la Fiscalía, que me ha comunicado que espera instrucciones».
Sobre la razón por la que el más joven de los piratas tiene abogado de pago y el otro no, explica:
«Si estuviera detrás una organización criminal, los dos tendrían abogado. Ambos, Willy y el otro tenían abogados de oficio y uno de ellos, llegado a un punto, decidió contratar un abogado».
Sobre los días que se prolongará el caso:
«El numero de días que dure esto depende de la Fiscalía, la defensa esta en actitud colaboradora. El ministro de Justicia es el jefe del Fiscal General y está en contacto con el presidente de Gobierno».
Sobre el pago de un rescate:
«Pagar es ilegal y mi papel es resolver el problema de un preso preventivo. Díganme cuál es el problema y buscaremos una solución. El papel del abogado es defender a su cliente».
Sobre su relación con el joven pirata:
«Estuve con Willy el jueves pasado y es complicado hablar con él, por las dificultades del idioma».
OPINIONES DISCREPANTES
Fuentes jurídicas rechazan que «Willy» pueda ser juzgado como cómplice «porque participó en un asalto armado», y recuerdan que la pena que puede serle impuesta es, como mínimo, de 216 años de cárcel (6 por cada uno de los 36 delitos de detención ilegal que se le imputan).
El abogado tiene un buen currículo:
«Defendí al comandante Ramírez y al capitán Sáez en el Yak-42; también llevé la extradición de Jean Philippe Labade (miembros de los GAL) a Francia; he ganado algún recurso en el Constitucional y me hice cargo de la defensa de la mafia turca».
A todo eso hay que unir que Díaz Aparicio es un bloguero -tiene blog propio en Periodista Digital-, es un gran aficionado a los toros y es -además- empresario hotelero frustrado.
Hace unos años había pensado retirarse a su patria chica, en tierras cántabras y compró un hotel rural. Después, según reconoce el propio letrado, tuvo que venderlo:
«Aquello no funcionó».
