Garzón escribio una carta al presidente del Santander, Emilio Botín, tratándole de amigo y solicitando ayuda
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar ha denunciado en un escrito enviado al Consejo General del Poder Judicial la vulneración del secreto de un proceso penal y la «grave indefensión» en la que le sitúan las «filtraciones interesadas» por la denuncia presentada contra él por los cobros que recibió en unos cursos en EEUU entre 2005 y 2006 en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York.
«Me encuentro en una situación en la que se habría vulnerado el secreto de un proceso penal -que permanece secreto incluso para mí- con el propósito de utilizar determinados documentos en una estrategia prediseñada contra mi persona».
«Debo denunciar ante este Consejo General del Poder Judicial la grave e irremisible indefensión en la que estas noticias y filtraciones interesadas me sitúan».
Garzón ha presentado la denuncia después de que la Comisión Disciplinaria del Consejo remitiera ayer al Servicio de Inspección de este órgano una nueva denuncia de los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra el magistrado por los pagos que recibió durante un permiso académico en EEUU, entre 2005 y 2006.
Los querellantes basan su petición ante el CGPJ en la documentación remitida el pasado lunes al alto tribunal por parte del Banco Santander relativa a los contactos celebrados entre Garzón, el presidente del Santander Emilio Botín y otros altos directivos de la entidad para la obtención de los fondos que precisaba para la organización de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York, que los denunciantes fijan en 302.000 euros.
El juez recuerda al Consejo que el pasado lunes se dirigió personalmente al Tribunal Supremo para solicitar que se le informe sobre la querella de Mazón y Panea, así como de «la naturaleza y resultado de las diligencias de instrucción que hubieran podido practicarse».
«Por todo ello, solicito respetuosamente al CGPJ que, valorando el origen de los documentos que soportan tal denuncia, considere las consecuencias jurídicas que se desprendan de dicho origen y su trascendencia a la hora de servir para promover ahora un procedimiento contra mí, por unos hechos que ya fueron objeto de procedimientos anteriores de este Consejo».
Finalmente, el juez se pone a disposición del Consejo «para cualquier aclaración o explicación adicional que precise sobre los supuestos hechos».
El Consejo ya había archivado el caso pero ha vuelto a abrirse después de que los servicios jurídicos del Santander enviaran al Tribunal Supremo documentos en los que el juez agradecía al presidente de la entidad financiera el patrocinio de los cursos.