El ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, en libertad bajo fianza de tres millones de euros, comparecerá hoy por primera vez ante el Juzgado después de que el juez instructor del caso Palma Arena decretara contra el ex ministro la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, una vez constituida la caución que le fue impuesta, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia y garantizar su presencia a lo largo del proceso penal.
De este modo, el imputado se personará previsiblemente ante el juzgado de guardia de Madrid, donde reside en la actualidad, tal y como señaló hoy a Europa Press su letrado, Rafael Perera, quien garantizó que su patrocinado comparecerá en dependencias judiciales, pese a mostrarse en desacuerdo con el auto por el que el magistrado decretó prisión bajo fianza para Matas, la retirada de su pasaporte y la obligación de personarse quincenalmente ante el Juzgado tras ser constituida la caución, y que posteriormente recurrió.
Pese a que en próximos días Matas prevé desplazarse a Palma, en principio el ex jefe del Ejecutivo se personará hoy ‘apud acta’ en un juzgado de Madrid, dando así cumplimiento al artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el encausado que se encuentre en libertad provisional con o sin fianza deberá comparecer los días que le sean señalados por el juez.
En una extensa resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el magistrado aludió a la existencia de un «margen de gravedad más que sobrado» como para que Matas pudiera sustraerse de la acción de la justicia, «máxime» cuando reside en Estados Unidos y «se sospecha» que en este país o en otro vecino pueda guardar «el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos» a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena.
Precisamente, ayer tuvo lugar una vista en la que el letrado Gregorio San José solicitó la revocación del auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el que determina la conexión existente entre las investigaciones sobre el incremento patrimonial del ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, y el presunto desvío de fondos públicos producido durante la construcción del velódromo palmesano.
Asimismo, Castro basa su petición de prisión así como la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en la intención de «evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas». En su opinión, existe un peligro «más que fundado y concreto al respecto como lo evidencia el hecho de que el encausado no se recata en mediatizar a testigos, imponer el silencio a quienes fueron sus subordinados, preconstituir pruebas falsas e incluso acude, aunque sea infructuosamente, a una de las más altas instituciones del Estado buscando un cobijo al que no tiene derecho».
En concreto, sobre el ex ministro pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, castigados con hasta 64 años de prisión, pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.
