Asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica y colectivos de víctimas del franquismo aseguran haber recogido unas 200.000 firmas que el próximo jueves entregarán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exigirle que no suspenda al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
En el texto, las asociaciones señalan que este órgano y el Tribunal Supremo van a decidir sobre la suspensión y el procesamiento de Garzón «por tratar de juzgar el genocidio español, ejercido durante la dictadura franquista, a instancia de las querellas presentadas por los grupos ultraderechistas Falange Española y Manos Limpias».
Ambas instancias «se enfrentan ahora a una decisión histórica: respetar la Ley y las libertades constitucionales o permitir que la ideología y la impunidad prevalezcan sobre los criterios de la Justicia», añade el escrito, titulado «Un millón de voces en defensa de las víctimas del franquismo. Por la democracia, por los derechos humanos y en apoyo al juez Garzón».
«Como ciudadanos demócratas, en nombre de la voluntad popular, exigimos que (…) el Poder Judicial no proceda a la suspensión del juez Baltasar Garzón, pues causaría un gravísimo perjuicio al principio constitucional de independencia judicial, a los derechos inalienables de las víctimas de la dictadura y a los valores democráticos del Estado de derecho», concluyen.
Por otra parte, las asociaciones pretenden presentar próximamente en los tribunales escritos en los que los firmantes se autoinculpan de haber participado el pasado día 13 en el acto de apoyo a Garzón que los sindicatos UGT y CCOO celebraron en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
La «autodenuncia» es una respuesta a la que Manos Limpias presentó contra el rector de la Universidad, Carlos Berzosa, y contra el ex fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, por las manifestaciones críticas a la actuación del Tribunal Supremo que se realizaron durante el acto.
En los escritos se denuncia a su vez a Manos Limpias «por constituir asociación ilícita» y se pide a los tribunales que «se incoen diligencias en averiguación» de su «verdadera naturaleza».
