El presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, carece de competencias para interferir en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros y, por lo tanto, no puede entrar en el debate sobre las posibles sanciones al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por investigar los abusos cometidos durante la dictatura franquista, como le ha pedido la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
Según informaron a Europa Press fuentes de la UE, es la Constitución de cada Estado miembro la que determina el reparto de poderes, que es una «pura competencia interna», al igual que la organización del sistema judicial, «núcleo duro» de la soberanía nacional. La UE considera por lo tanto que se trata de un asunto «exclusivamente» nacional.
HRW pidió este jueves a Van Rompuy y a los Estados miembros de la UE que expresen su «oposición» a las posibles sanciones contra el juez Garzón, de quien dicen que ha hecho «esfuerzos» para lograr justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el extranjero, y ahora está siendo «castigado» por intentar hacer lo mismo en su propio país.
«La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves», sostiene la organización.
A juicio de HRW, la decisión de Garzón de investigar el franquismo y no aplicar la Ley de Amnistía española se apoya tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad.
