El Ministerio del Interior ha destituido al director de la cárcel de mujeres de Madrid I, José Luis Cuevas, al subdirector de seguridad y al administrador tras detectar «comportamientos inaceptables» entre «funcionarios» y un «grupo reducido de reclusas», denunciados por una inspección interna de la propia prisión.
Según Instituciones Penitenciaras, «al menos dos funcionarios» habrían permitido la entrada de alcohol «para montar juergas» con algunas internas.
Las destituciones, que no responden a la implicación de la cúpula, sino a su responsabilidad al frente de la prisión, son un aviso de que no se van a permitir comportamientos inaceptables en la cárcel de mujeres de Madrid I, donde están recluidas 650 internas.
En concreto, el subdirector de seguridad ha sido destituido por la falta de vigilancia de funcionarios, a sabiendas de que habían sido denunciados, mientras que la del administrador se debe a la falta de claridad del destino de algunas partidas económicas.
Según Instituciones Penitenciarias los «comportamientos inaceptables» no son generalizados sino que de carácter individual.
Por el momento, un sólo funcionario, de los 340 que trabajan en la prisión, ha sido suspendido en empleo y sueldo y se ha nombrado como director de la prisión a un inspector.
Sin indicios de delitos
La investigación interna abierta al respecto no ha detectado indicios de delitos ni la existencia de relaciones sexuales a cambios de droga.
No obstante, se ha desatado una ola de rumores y un aluvión de quejas y de supuestas de irregularidades, que están siendo investigadas.
Desde hacía varios meses, la propia inspección de la cárcel venía denunciando algunos comportamientos extraños o inadecuados por parte de funcionarios. De hecho hubo un incidente, del que fue avisado la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, esta pasada Noche Vieja.
La gota que ha colmado el vaso fue el hecho de que hace unas noches el funcionario expedientado abriera sin ningún motivo la puerta de una celda donde estaban dos presas. La dirección del centro penitenciario a declinado hacer declaraciones al respecto.
El último suceso en esta prisión, al margen de un brote de gripe A, en octubre de 2009, se registró en el 29 de marzo de 2008, cuando tres funcionarias (la plantilla de este centro penitenciario es mixta) fueron agredidas por una interna. Una de las funcionarias tuvo que ser atendida en urgencias por las lesiones producidas por un objeto contundente.
En 2006, hubo un caso similar pero en un centro de internamiento de inmigrantes en Málaga, por policías.
Inquietud entre los funcionarios
Los sindicatos de prisiones se han mostrado sorprendidos por la noticia. El presidente de Acaip-USO, José Ramón López, ha señalado que se trata de «un caso extraño» del que el sindicato prefiere aún no hacer una valoración, ya que la investigación está en marcha y aún desconocen lo ocurrido. «Nosotros sabemos muy poca cosa, sabemos que hay un funcionario suspendido por abrir algunas celdas por la noche hace algunos días. Según su versión lo hizo para que las empleadas del economato le dieran tabaco», ha señalado López.
El presidente de este sindicato de prisiones ha subrayado que existe mucha inquietud entre los funcionarios de la cárcel, porque «no se sabe qué se investiga, ni a qué funcionarios se investiga, no nada».
«Cuando exista una resolución de la inspección penitenciaria podremos valorar el tema sabremos lo que ha pasado, si es que ha pasado algo».
Según López, no tenía denuncia alguna de que en la prisión de mujeres se estuviesen produciendo «los hechos de los que se habla en los medios», ni existe precedente alguno en el centro. También ha confirmado que hace unos 20 días se produjo una inspección rutinaria de Instituciones Penitenciarias al recinto carcelario.
El sindicato CSIF ha atribuido a la «desastrosa política penitenciaria» lo ocurrido en este centro penitenciario. «la responsabilidad de lo ocurrido recae directamente sobre la dirección del centro penitenciario y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias».
Según el sindicato, tanto Mercedes Gallizo como los directivos de Madrid I «no han tomado las medidas necesarias para el buen funcionamiento del centro, propiciando con su inacción que el problema aumente hasta hacerse incontrolable».
«Lo acaecido es consecuencia inequívoca de la desastrosa política penitenciaria, cuyo culmen es la unificación de escalas en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, medida a todas luces contraproducente e innecesaria y que tantos problemas está originando ante la ceguera de la Administración penitenciaria», se puede leer en el comunicado.
Las cárceles españolas albergan actualmente 76.743 reclusos (incluyendo los de Cataluña, que tiene cedidas las competencias). De ellos, sólo 6.166, el 8,03%, son mujeres.
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