Un juzgado de Talavera de la Reina investiga un presunto delito de prevaricación por parte del arquitecto y el secretario del ayuntamiento toledano de Navalcán por dar una licencia al ex ministro de Defensa Eduardo Serra para construir una mansión en suelo rústico de protección natural.
Según la documentación aportada por Ecologistas en Acción y tal y como ha comprobado Efe, la fiscalía propone al juzgado de instrucción de Talavera de la Reina que se reciba declaración «en calidad de imputados» al arquitecto municipal Rafael R.M. y al secretario del ayuntamiento de Navalcán Vicente J.C..
Estos funcionarios están imputados por la fiscalía por haber concedido en septiembre de 2005 una licencia en terreno rústico y, por tanto no urbanizable, a ‘Esersa’, empresa patrimonial del ex ministro Eduardo Serra, que ostentó la cartera de Defensa en el primer gobierno de José María Aznar.
Según ha dado hoy a conocer en rueda de prensa el coordinador de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, la edificación está situada en pleno valle del río Tiétar, en concreto en la parcela 20.157 del polígono número 5 de Navalcán, el último municipio de la provincia de Toledo, limítrofe con Madrid.
La «gran mansión, casi un palacete», según Hernández, ocupa una superficie de unos 2.400 metros cuadrados en un enclave natural de una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y área crítica de especies en peligro de extinción de la Red Natura como son el águila imperial y la cigüeña negra.
La denuncia remitida por la fiscalía de Toledo al juzgado, que la ha admitido a trámite, se produce después de la remitida por la organización ecologista al fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, que a su vez lo remitió a la fiscalía de Toledo.
En su denuncia inicial, Ecologistas en Acción, que se ha personado como acusación particular en el procedimiento penal, aportó, entre otra documentación, un escrito de la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha en el que se indica que al carecer Navalcán de un Plan de Ordenación Municipal (POM) Navalcán se rige por las normas provinciales urbanísticas.
Y estas normas, ha explicado Miguel Ángel Hernández, solo contemplan una excepción para construir que es el caso de que la edificación esté asociada al aprovechamiento agropecuario, que no es el caso.
Según ha dicho Hernández, les parece «muy grave» no solo que un ayuntamiento permita una construcción en suelo protegido, que ha provocado un impacto ambiental «gravísimo», sino que la acción involucre a una persona que debería «dar ejemplo», máxime teniendo en cuenta su formación como abogado.
Los ecologistas están indignados, pues, «no podemos entender -dicen- como una persona con el rango social de un ex-ministro puede llegar a construirse una vivienda ilegal. No deja de asombrarnos», ha dicho el coordinador regional de Ecologistas en Acción.
Por ello, los ecologistas van a pedir la demolición de esta construcción y que se investigue si los funcionarios han recibido dinero a cambio de la concesión de la licencia, así como si hay otras personas implicadas en este asunto.
