El prestigio de una institución, su crédito social, es un intangible que se lo debe todo al tiempo y a la fe ajena. Tarda en crecer y no es flor perenne. María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional pide respeto; se queja por los ataques que recibe tan alto tribunal, pero no aclara, no precisa quién es el agresor. Habla de «sectores políticos y mediáticos», así que deja el asunto en el territorio de las cábalas.
No sabemos si se refiere a determinados políticos catalanes (Montilla, Mas, Benach, etc), que tienen dicho que el TC no se pronuncia sobre un Estatuto que ha sido aprobado en referéndum y lleva más de dos años en vigor, o a quienes dudan de la legitimidad del tribunal por haber caducado el mandato de la mitad de sus miembros.
La presidenta observa el deterioro que sufre la imagen de la institución que preside y se lamenta. Lo que no hace es mirar hacia dentro.
Analizar la aportación del TC en estos años en los que la sociedad española ha necesitado más que nunca una sentencia capaz de zanjar la disputa jurídica entorno al Estatuto de Cataluña.
Hablo de responder al recurso sobre la presunta inconstitucionalidad de una norma que por haberse convertido ya en ley de leyes, está operando y transformando la realidad. Y, ahí, es donde está la madre de todas las polémicas.
Porque ha sido la demora de la sentencia el principal elemento de descrédito del TC; el que ha dado pie a las críticas y pábulo a todas las teorías acerca de las presiones que está recibiendo el TC (por parte del Gobierno y del PP) para que sentencie en uno u otro sentido. Sólo la mar dice cuando un barco es bueno, pero un mal capitán, o una tripulación torpe o enfrentada puede arruinar una nave.
La señora Casas debería reflexionar sobre el verdadero origen de los males que afligen al tribunal que preside. De modo que: menos lamentos y más diligencia en las sentencias.
