La Audiencia Nacional celebra hoy la vista oral por la demanda presenta por el sindicato mayoritario de los controladores, USCA, contra en Real Decreto que modificó sus condiciones laborales y contra la Ley de tránsito aéreo que lo elevó a rango de normativa con su entrada en vigor el pasado 14 de abril.
USCA presentó esta demanda contra el Real Decreto al considerar que incumplía la normativa laboral vigente y vulneraba la Constitución Española al atentar contra los derechos fundamentales de los controladores por imponer condiciones laborales vía normativa.
El pasado 15 de abril, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional trasladó la celebración del juicio y otorgó un plazo de cuatro días al sindicato USCA y a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para presentar sus respectivas ampliaciones de la demanda al existir una nueva situación legal.
Ese mismo día, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la entrada en vigor de la Ley, después de que el Senado aprobara el Real Decreto un día antes.
De esta forma, el tribunal, presidido por Ricardo Bodas, tendrá que estudiar la constitucionalidad o no respecto de la nueva Ley y no sólo del Real Decreto.
El Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de febrero, supuso la ruptura definitiva de las negociaciones colectivas que estaban bloqueadas desde 2004 y otorgó la organización del trabajo del colectivo directamente a AENA, dependiente del Ministerio de Fomento.
USCA, que representa al 95% de los 2.400 controladores en plantilla de AENA, considera e su demanda que «la alteración de las condiciones de trabajo provocó la modificación, vulneración e inaplicación de las pactadas y establecidas en el I Convenio Colectivo Profesional de los Controladores Aéreos suscrito entre AENA y el citado colectivo».
La tramitación de esta demanda es la única vía legal que tienen los controladores para conseguir que el Tribunal Constitucional (TC) estudie si el Gobierno vulneró sus derechos fundamentales al imponer sus condiciones de trabajo mediante la aprobación de un Real Decreto.
Así, los jueces de lo Social de la Audiencia Nacional estudiarán la demanda por su contenido legal en materia laboral y serán, además, los encargados de determinar si existieron indicios de inconstitucionalidad y, en ese caso, elevar el conflicto ante el TC.
