El abogado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presentó este jueves un escrito de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el rechazo por parte del magistrado Luciano Varela de las pruebas que solicitó en su defensa en la causa abierta por sus investigaciones de las desapariciones del franquismo.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado González Martínez-Fresneda, recurre en apelación el auto del pasado martes en el que Varela desestimaba un recurso previo de Garzón contra el rechazo de estas pruebas. Ese mismo día, el juez del Supremo dictó también auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible, y dio por finalizada la instrucción de esta causa.
Martínez-Fresneda denuncia en su escrito que Varela ha decidido abrir juicio oral «sin esperar a que la Excelentísima Sala se haya pronunciado sobre la suficiencia de la fase de investigación sumarial, ni sobre otras cuestiones de relevancia que se encuentran pendientes de resolver».
Considera así el abogado que con la decisión de Varela se vulneran «las normas esenciales del procedimiento» y se «lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva» de Garzón. Además, afirma que es «un cierto desprecio» a la Sala.
PETICION FUERA DE LUGAR
«Ahora, con un auto de apertura de juicio oral encima de nosotros –y quien sabe si ya con el magistrado suspendido de funciones– tenemos que ir a una apelación que, en buena medida, queda ya fuera de lugar», lamenta el abogado.
No obstante, insiste de nuevo en la importancia de que se practiquen las pruebas solicitadas por Garzón y vuelve a defender la investigación del juez, señalando que con sus actuaciones «no atentó ni vulneró contra ningún derecho fundamental de nadie» y asegurando que «con la ley en la mano, no hay ningún precepto en la Ley de Amnistía que impida investigar ningún derecho delictivo».
PRUEBAS
Así, pide a la Sala que se permita la declaración testifical de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel, el ex fiscal del Supremo Carlos Jiménez Villarejo y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza.
También solicita, como ya hizo con anterioridad, que declaren la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional de la ONU Carla del Ponte; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, y el que fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet, Juan Guzmán Tapia.
Completan esta lista el coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva; el catedrádito de Derecho Penal de la Universidad de Girona Hernán Hormázabal Malarée; el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, y el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler.
Además, Garzón vuelve a solicitar la práctica de una serie de pruebas documentales, también destinadas a demostrar su tesis de que la actitud de Garzón de abrir diligencias para investigar la denuncia efectuada por las Asociaciones de Memoria Histórica «no puede ser tenida por absolutamente irrazonable».
En concreto, se insta a que se aporten a la causa las cuestiones de competencia presentadas por al menos dos juzgados de instrucción, que rechazaron la inhibición planteada por la Audiencia Nacional y que en estos momentos se están tramitando en el Tribunal Supremo.
También interesa que se unan certificaciones de todas las causas penales que se hayan dirigido contra antiguos miembros de las S.S. o del Ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, o contra responsables del Ejército, Policía o miembros de la Administración de Argentina, Chile o terceros países que tuvieran por título de imputación las desapariciones forzadas de personas, asesinatos o torturas.
Además, Garzón pide que se remita un oficio al Congreso de los Diputados para que se entregue testimonio del Diario de Sesiones de 14 de diciembre de 2006, para mostrar que «tampoco existe contradicción ni incompatibilidad entre la Ley de Memoria Histórica y el Código Penal para los autores de esa ley».
El abogado de Garzón se refiere a una intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la Cámara Baja con ocasión del debate de la Ley de Memoria Histórica, en la que «dejaba claro» que este texto y el Código Penal tienen cada uno «su campo de acción».
