La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha asumido hoy la ponencia de la sentencia del Estatuto de Cataluña después de que el sector conservador se haya mostrado tan incapaz como el progresista de suscitar el consenso suficiente para sacar adelante una resolución.
Esta vez, al contrario de lo que sucedió el pasado 16 de abril con el último borrador de sentencia presentado por la progresista Elisa Pérez Vera, ni siquiera ha sido necesario votar el texto redactado por el conservador Guillermo Jiménez, vicepresidente del tribunal, que asumió la ponencia tras la renuncia de su compañera.
Según han informado fuentes del tribunal, han bastado las intervenciones de los magistrados en el pleno para que Jiménez asumiera que su borrador, más restrictivo con el Estatut que los de Pérez Vera, tampoco tenía los apoyos necesarios para convertirse en la sentencia definitiva, lo que le ha llevado a retirar el texto y renunciar también él a la ponencia.
Ha sido entonces cuando Casas -que se ha comprometido ante sus compañeros a presentar un nuevo borrador, que sería el séptimo, a la mayor brevedad posible- ha decidido asumir la misión de tratar de desbloquear el debate en el seno del Constitucional y de lograr el consenso necesario para resolver un asunto que lleva en el tribunal casi cuatro años.
El resultado del pleno celebrado hoy era el previsible después de que hace poco más de un mes los magistrados rechazaran por seis votos a cuatro el quinto borrador de sentencia, que ya anulaba una quincena de artículos de la norma estatutaria y condicionaba la constitucionalidad de una veintena más a la interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar el Estatut.
El último proyecto de sentencia que ha discutido el pleno ampliaba el número de preceptos declarados inconstitucionales, lo que ha supuesto un importante obstáculo para que pudiera obtener el respaldo de al menos seis de los diez magistrados del pleno, el mínimo necesario para salir adelante.
Una de las posiciones claves en las deliberaciones desarrolladas hasta ahora ha sido la del magistrado Manuel Aragón, quien, pese a su adscripción progresista, votó con los conservadores para rechazar el borrador de Pérez Vera y mantuvo una de las posiciones más críticas con los aspectos del Estatut que afectaban a la nacionalidad y los símbolos catalanes.
Jiménez no ha conseguido, sin embargo, presentar un texto que le valiera a la vez el apoyo de Aragón y el de los cuatro magistrados del bloque conservador -Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde-, que exigen que el texto estatutario sea fuertemente «recortado».
Por su parte, el bloque progresista -que además de por Aragón, Pérez Vera y la propia Casas está compuesto por Eugeni Gay y Pascual Sala- tampoco estaba dispuestos a ceder y a aceptar una sentencia mucho más restrictiva, lo que situaba las discusiones en un callejón sin salida.
Ante esta situación, la presidenta ha decidido dar un paso adelante y hacer un último intento para que el Constitucional cierre un capítulo que se inició en julio de 2006, cuando el PP recurrió más de un centenar de artículos del Estatut.
Posteriormente, también el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas -Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja- presentaron recursos contra el texto estatutario.
El giro de los acontecimientos vivido hoy en el TC se produce en vísperas de que, el próximo lunes, el presidente catalán, José Montilla, defienda en el Senado la propuesta acordada entre el tripartito y CiU para reformar la ley orgánica del Constitucional y posibilitar su renovación.
