El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha dicho hoy que la instrucción de la causa contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal, podría concluir «antes de verano», tras lo cual, la apertura del juicio oral se produciría «lo antes posible».
Pastor ha hecho estas declaraciones a los periodistas al concluir la declaración como imputada de María Amparo Fernández -ex esposa de Fabra- ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, la cual ha respondido únicamente a las preguntas de su letrado durante la comparecencia.
Según el fiscal anticorrupción, la declaración de la ex esposa de Fabra ha sido, posiblemente, la «última» que se practique en relación con este caso, por lo que cree que la instrucción estará concluida antes del verano.
Después, el proceso pasará a su siguiente fase y, si así «lo estima su señoría», la apertura de juicio oral se produciría «lo antes posible».
Respecto a su calificación provisional de hechos, Pastor ha señalado que no la podrá redactar hasta que el juzgado no le dé traslado para que lo haga, y si bien no se atreve a «poner plazo», también confía en que sea «lo antes posible».
El fiscal ha informado además de que la ex esposa de Fabra se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas formuladas por el resto de las partes.
María Amparo Fernández que ha llegado al juzgado acompañada de su hermana y de su abogado, ha prestado declaración durante unos 15 minutos y no ha querido hacer declaraciones a los periodistas a su salida.
Únicamente ha respondido al ser ha preguntado por el estado de salud de Carlos Fabra, a lo que ha contestado: «Muy bien, gracias».
El presidente de la Diputación de Castellón también esta citado a declarar hoy, aunque su comparecencia ha quedado aplazada por estar de baja médica.
No obstante, Pastor ha explicado que no será necesaria, ya que, desde su punto de vista, «ya no quedan más diligencias por practicar».
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules investiga a Fabra por supuestos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal, después de que Hacienda denunciase la existencia de supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999.
