El vicepresidente del Santander declara hoy por los supuestos cobros del juez en la Universidad de NY

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha citado hoy en calidad de testigo al vicepresidente segundo y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, para interrogarle en relación con la querella que instruye contra el juez Baltasar Garzón por supuesta prevaricación y cohecho relativos a su gestión de unos cursos celebrados en la Universidad de Nueva York entre 2005-2006, que fueron patrocinados por la citada entidad bancaria.

Los querellantes, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, tienen previsto preguntar también a Sáenz como responsable en 2005 de Cepsa, empresa participada entonces en un 35,9 por ciento por el Santander, por el donativo de 100.000 dólares que pudo prestar la compañía para unas conferencias sobre terrorismo que Garzón organizó ese mismo año en la capital estadounidense.

La declaración de Sáenz se producirá apenas una semana después de que fuera interrogado en esta causa, también como testigo, el propio presidente del Santander, Emilio Botín, quien aseguró ante el magistrado instructor del Supremo que su entidad bancaria «jamás» entregó dinero a Garzón por dirigir los cursos ni trató ninguna cuestión económica con él, ya que las conversaciones sobre el patrocinio se mantuvieron entre la Universidad y el director del Santander en Estados Unidos, que en esos momentos era Gonzalo de las Heras.

Los letrados sostienen que Garzón gestionó y obtuvo 302.000 dólares del Banco Santander para el patrocinio de sus conferencias y la escolarización de su hija y relacionan los cobros con el archivo por su parte, tras su regreso a la Audiencia Nacional, de una querella que se había presentado contra Botín y otros directivos de la entidad por el caso denominado «caso de las cesiones de crédito».

DONACION DE CEPSA

Por lo que se refiere a Cepsa, Mazón y Panea consideran que los 100.000 dólares que han sido reconocidos por la compañía de carburos como donación para las conferencias suponen una «cuantía sustancialmente coincidente» con los honorarios percibidos por el querellado en el periodo de marzo a diciembre de 2005.

Las declaraciones de testigos proseguirán el próximo 2 de junio con el interrogatorio al ex presidente de CEPSA Carlos Pérez de Bricio y el 10 de junio con la comparecencia de la directora adjunta del Centro Rey Juan Carlos, Laura Turégano.

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