Un Tribunal de Jurado enjuiciará hoy a una funcionaria de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), acusada de llevarse a su vivienda el caso de presunta corrupción urbanística ‘Las Teresitas’, relacionado con la playa del mismo nombre en Santa Cruz de Tenerife.
Dicha causa tiene al menos 25 imputados, entre los que figuran el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (CC), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará este martes (10.00 horas) el juicio por sistema de jurado popular contra M.J.G., acusada de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía señala que la procesada tenía a su cargo como funcionaria de la Sala Civil y Penal del TSJC, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, la custodia de las diligencias previas de la citada causa, declaradas secretas por auto judicial el día 25 de enero de 2008.
Así, «sin conocimiento ni autorización judicial, en aras a tener conocimiento de su contenido, copió gran parte de dichas diligencias en un soporte informático llevándolo a su casa, donde lo visionó y lo ocultó», precisa.
Por ello, considera que procede imponer a la acusada las penas de diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años.
PARA DARLE UN DVD A LAS PARTES
Por su parte, la defensa niega en su escrito de conclusiones provisionales el relato de hechos del Ministerio Fiscal y sostiene que M.J.G. intervino en la tramitación de las diligencias previas con acceso y conocimiento de su contenido por las labores propias de la tramitación del procedimiento.
La acusada argumenta que no efectuó «copia de parte de las diligencias en soporte informático para tener conocimiento de su contenido», ya que en la tramitación de las mismas había tenido acceso al mismo.
Alega que accedió a las diligencias «por orden de sus superiores, al efecto de proceder al escaneado de los documentos respecto de los cuales, se había alzado el secreto con el fin de dar, en formato DVD, traslado a las partes personadas». Además, la defensa indica que M.J.G. no permitió, «en ningún momento, el acceso a dichos documentos y copia en DVD a persona alguna».
De este modo, remarca que, concretamente, las copias de DVD que guardó en su domicilio «se corresponden en su integridad con las indicadas: se trata de la información que hubo de manejar para confeccionar las copias necesarias para su traslado a las partes en el procedimiento tras el alzamiento parcial del secreto del sumario».
«Dichos DVD acreditaban la labor desarrollada por la funcionaria y las horas dedicadas, en su mayor parte fuera de la jornada laboral e incluyendo fines de semana y festivos, motivo por el cual se procedió por M.J.G. a la conservación de tales copias en su domicilio», apunta la defensa, que considera que los hechos acaecidos «no son constitutivos de ninguna infracción penal».
