El juez aprecia indicios de delito en altos cargos socialistas asturianos imputados en el caso de los minipisos

El juzgado número dos de instrucción de Oviedo ha emitido un auto en el que señala que aprecia indicios de «delito societario y falsificación de documentos mercantiles» en la adjudicación por parte de Vipasa de las obras de construcción de los minipisos de la Laboral (Gijón).

En el auto se señala como responsables al anterior director general de Vivienda y actual director de la Zalia, Enrique Alvarez, el director general de Ordenación del territorio y Urbanismo, Guillermo Morales, el que fuera director de Patrimonio, Elías José Uría de la Fuente y la que fuera gerente de Vipasa, María José Hevia. El juez apunta que «procede seguir los trámites que establece la ley para el procedimiento abreviado, preparación del juicio oral, ya que de lo actuado aparecen indicios más que suficientes de la realidad de los hechos y de la participación en ellos».

El auto, al que tuvo acceso Europa Press, viene motivado por la denuncia que presentó el diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons, contra los responsables de la adjudicación por falsificación de documentos mercantiles y delito societario.

El juzgado señala que en el expediente para la ejecución de 102 viviendas y trasteros en régimen de alquiler en Laboral «se falsificaron» determinados documentos firmados por Enrique Alvarez, E.D.M. y R.R.S., haciendo constar como fecha el 26 de diciembre de 2007 «cuando en realidad fueron elaborados y firmados en fecha no concretada sobre noviembre de 2008».

Además, da por comprobado que en el expediente aparece que en el acta de la reunión del consejo de fecha 21 de diciembre de 2007 figura un acuerdo por el que se adjudica el proyecto de viviendas en la Laboral al estudio de Arquitectos Díaz Rojo por 320.000 euros y el contrato se firmó supuestamente el 26 de diciembre de 2007 por 381.654 euros más el IVA, «lo que supone un importante aumento del importe sin justificación alguna aparentemente en sólo cinco días».

Así considera que la documentación «falsificada» fue «elaborada» por la que entonces era gerente de Vipasa, María José Hevia, y «firmada» por Enrique Alvarez González, E.D.A., R.R.S., Elías José Uría de la Fuente y Guillermo Morales, que «conocían los hechos y los consintieron.

De ahí que el juez concluya que los hechos denunciados «pudieran ser al menos indiciariamente constitutivos de delito» imputado a María José Hevia González, Enrique Alvarez, Guillermo Morales, Elías José Uría, E.D.A, y R.R.S.

En los fundamentos jurídicos el auto profundiza en la naturaleza de la supuesta falsificación y dice que de la investigación realizada se concluye «la inexistencia de expediente real» para la contratación de los arquitectos para el trabajo y la simulación «a posteriori» de un «expediente ficticio» cuando «por razón de un cambio político iban a cambiar los responsables de la empresa». El juez revela que uno de los indicios es que en los contratos supuestamente firmados en 2007 aparece el logotipo que Vipasa no empezó a usar hasta el año 2008.

Tras poner de relieve otra serie de indicios recabados en las actuaciones realizadas, el juez señala que hubo una «contratación discrecional» de los arquitectos para el proyecto «como si nos halláramos ante una empresa privada, sin someterlo a concurrencia real alguna, en fecha no determinada de mediados a finales de 2008 y la simulación de un expediente como supuestamente efectuado el año anterior» porque la ley impedía «terminantemente» que en el año 2008 se hicieran ese tipo de contrataciones. También se refiere a las versiones «contradictorias» de los imputados.

PLAZO DE 5 DIAS PARA RECURRIR

«Sin lugar a duda todo el expediente fue elaborado a posteriori en el momento en que a raíz de las elecciones cambió la dirección de Vipasa y había que aparentar que las cosas se habían hecho al menos indiscutiblemente bien y no como quien administra un negocio privado», continúa el auto.

El juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que, en el plazo de diez días, formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. También pueden solicitar excepcionalmente la práctica de más diligencias. El auto puede ser recurrido en el plazo de cinco días.

El diputado del PP, Agustín Cuervas-Mons, autor de la denuncia ofrecerá hoy una rueda de prensa sobre este asunto en la Junta General del Principado.

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