Los magistrados del Tribunal Constitucional se reúnen hoy en pleno para estudiar por primera vez el nuevo borrador de sentencia sobre el Estatuto de Cataluña elaborado por la presidenta, María Emilia Casas, en un nuevo intento por sacar adelante una resolución definitiva después de tres años y medio de deliberaciones.
Fuentes del Constitucional indicaron que el pleno será monográfico, es decir, en él los magistrados sólo abordaran el borrador de Casas, sin entrar a estudiar otros asuntos. Los magistrados podrían continuar con la deliberación el viernes, que también ha sido habilitado para celebrar un pleno.
La presidenta presentará ante el resto de magistrados del Constitucional su borrador de ponencia, que constituye la séptima versión de sentencia que se somete al criterio del tribunal, con la esperanza de que pueda concitar los apoyos suficientes para desbloquear la situación.
Casas asumió el pasado 19 de mayo personalmente la elaboración de la ponencia sobre el Estatuto de Cataluña tras la renuncia presentada por el anterior ponente, el vicepresidente, Guillermo Jiménez, cuyo borrador de sentencia no concitó los apoyos suficientes entre los magistrados y no llegó ni siquiera a votarse.
Fuentes del tribunal explicaron que la ponencia de Jiménez, que se sometió el 19 de mayo por primera y última vez a la consideración de todos los magistrados, proponía la anulación por inconstitucional de alrededor de 22 artículos de los 223 con los que cuenta el nuevo texto estatutario catalán.
Por lo tanto, se trataba de un borrador de sentencia más duro que el elaborado por la primera ponente, Elisa Pérez Vera, cuyo texto fue rechazado definitivamente el pasado 15 de abril en un pleno en el que seis magistrados votaron en contra del borrador y cuatro a favor. Este fracaso supuso el nombramiento como ponente de Jiménez.
Todo parece indicar que Casas deberá sortear los mismos escollos que tuvo que afrontar Pérez Vera con su ponencia inicial: definición de Cataluña como nación, el capítulo de los símbolos nacionales, la primacía de la lengua catalana, la bilateralidad en las relaciones entre Generalitat y Estado y la creación de un Poder Judicial catalán.
El pasado 27 de mayo, el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó la petición formulada por el Parlamento de Cataluña y la Generalitat catalana en la que solicitaban que se declarase incompetente para dictar sentencia sobre la reforma del Estatut.
