La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa que investiga el supuesto chivatazo a ETA que se habría producido en el bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa), reclamó este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que reactive la comisión rogatoria cursada el 17 de febrero pasado a las autoridades judiciales francesas para conocer las llamadas que habría realizado el dueño del establecimiento, Joseba Elosúa.
El colectivo de víctimas presentó un escrito a Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 desde la suspensión de funciones de Baltasar Garzón, en el que recuerda que, «habiendo transcurrido cuatro meses de dicha petición a las autoridades judiciales francesas, no se ha obtenido ni respuesta ni remisión alguna de la documentación solicitada».
Por eso, Dignidad y Justicia solicita al magistrado que «proceda a reiterar» la comisión rogatoria dirigida al Tribunal de Gran Instancia de París, «dado el tiempo transcurrido desde la primera», y a tenor de que esta situación «no hace sino tener paralizado el presente procedimiento».
¿POR QUE SE SUSPENDION LA OPERACION?
Con la comisión rogatoria, Garzón preguntaba a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA.
También quería saber «si se realizó en su momento investigación o análisis de las llamadas» que podrían haber hecho tanto Elosúa como el presunto etarra José Antonio Cau Aldanur, en caso de que sus teléfonos estuvieran intervenidos, así como desde la cabina de teléfono situada junto al bar ‘Faisán’, que habría sido utilizada por el primero.
El juez también reclamó copia de las transcripciones y observaciones telefónicas que se hubieran realizado a Cau Aldanur en esta investigación, en caso de que se hubieran elaborado, y de todas aquellas actuaciones practicadas por Francia en relación con este procedimiento.
TRES MANDOS POLICIALES IMPUTADOS
En febrero pasado, Garzón también encargó por orden de la Sala de lo Penal al Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si la cabina telefónica situada junto al ‘Faisán’ estaba intervenida judicialmente y si constaba alguna llamada realizada por Elosúa y dirigida a Cau Aldanur, al que se considera el enlace de la banda para el cobro del denominado ‘impuesto revolucionario’.
La investigación sobre el chivatazo está paralizada desde el día 17 de febrero pasado, en que el jefe del equipo que dirigió la investigación sobre el supuesto chivatazo, Carlos G., apuntó al ex director general de Policía Víctor García Hidalgo y a los otros dos mandos policiales que están imputados como responsables de la filtración.
Carlos G., autor principal del informe que incrimina a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Alava, declaró durante casi dos horas ante Garzón después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le ordenara «agotar la investigación».
El agente, que mantiene su condición de testigo en este procedimiento, se ratificó en el informe incriminatorio que realizó tras llevar a cabo la investigación interna sobre el origen del chivatazo, tal y como hizo en su primera declaración ante el juez.
«Lo que había es lo que sigue habiendo», señalaron fuentes fiscales, que añadieron que el testimonio del jefe del equipo de investigación «no añade nada nuevo pero ha sido muy interesante y ha servido para mucho».
El fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitó el 5 de octubre de 2009 el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que no se ha podido acreditar la identidad del autor de la filtración.
Según el informe de Carlos G., la delación se habría producido después de que García Hidalgo ordenara que la información sobre la operación llegara al propietario del bar ‘Faisán’ de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el jefe superior realizó al inspector de Alava, que habría entregado a éste su teléfono móvil.
